De la Sota intimó a la Nación por el 15% de coparticipación
El gobernador, José Manuel de la Sota, intimó por nota esta mañana al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, para que le restituya el quince por ciento de coparticipación que la provincia sede desde el Pacto Fiscal firmado en el año 1992.
Esta intimación responde a un protocolo ya que es la instancia previa –si la Nación no le da curso al reclamo administrativo- a llegar a la Corte Suprema de Justicia, luego de que se aprobara por Ley Provincial la denuncia por el Pacto Fiscal.
En esa ocasión, el miembro informante del bloque oficialista, Ricardo Sosa, denunció que la provincia “sufre discriminación del gobierno nacional” al no cumplir con los acuerdos firmados al no enviar los fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones durante todo el 2011 y lo que va de 2012 (Ver Es Ley la denuncia del Pacto Fiscal de 1992)
La única modificación introducida luego del tratamiento en comisiones fue que el remanente de los fondos recuperados que no apliquen al déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia se coparticipará a los municipios de acuerdo a las leyes vigentes.
La aprobación de esta ley significa la caducidad inmediata de aquel acuerdo a partir de la publicación en el Boletín Oficial con el que el Gobierno nacional le retiene el 15 por ciento de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron en 1992 para sostener el sistema previsional nacional cuando quedó desfinanciado por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afip) que significaron la privatización de las jubilaciones y la utilización especulativa de este dinero en los mercados internacionales.
En noviembre de 2008, el gobierno de Fernández de Kirchner decidió reestatizar el sistema pero el 15 por ciento continuó descantándose a las provincias con la particularidad que Córdoba cuenta con un sistema previsional desfinanciado.
Cabe señalar, que la provincia de Santa Fe, hace tres años atrás, realizó el mismo reclamo que ahora efectúa Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero fue denegado por la justicia porque no existía una ley que refrendara el denominado Pacto Fiscal de 1992.