El Frente Cívico propone cambios a la ley de agroquímicos

22/08/2012
Provinciales - Unicameral
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Tras la condena a dos acusados por el uso de agroquímicos en barrio Ituzaingó, Clavijo y Sánchez presentaron un proyecto para profundizar los controles del gobierno a los que realizan dicha actividad

Los legisladores por el Frente Cívico, Santiago Clavijo y Graciela Sánchez presentaron hoy un proyecto para modificar la actual ley de agroquímicos, luego de que ayer se condenara a dos de los tres imputados por contaminar, mediante el uso de agroquímicos, en barrio Ituzaingó (Ver: Dos condenados y un absuelto en el juicio por los agroquímicos en Barrio Ituzaingó).

“A partir de la sentencia del día de ayer la pulverización aérea sobre zonas pobladas es un delito, hay que adecuar la actual legislación, ajustando los controles y las responsabilidades de los funcionarios que tienen que controlar, incorporar criterios como el Principio Precautorio a las responsabilidades funcionales de los organismos de control”, opinó al respecto Clavijo.

Por este motivo, el parlamentario propone la creación de “Zonas de Resguardo Ambiental” que estén “libres de agroquímicos, no solo en resguardo de la salud humana, sino también para la recuperación de la biodiversidad, de especies vegetales y animales autóctonas que están desapareciendo en nuestra provincia”.

“Proponemos para esto un perímetro de 1.000 metros de zonas urbanas, establecimientos educacionales, costas de ríos y arroyos, fuentes de agua, lagos y lagunas en donde el 50 por ciento se destina a la recuperación de cinturones verdes que provean verduras, hortalizas y frutas libres de químicos para la provisión de comedores y público en general, y el otro 50 por ciento destinados a la recuperación del monte nativo”, explicó Clavijo.

A través del proyecto, el legislador juecista establece como criterio general la “prohibición de la pulverización aérea en toda la provincia” y especifica bajo que  condiciones y recaudos puede ser permitida la actividad por la autoridad de aplicación.

En este sentido, el proyecto prohíbe también la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario cuyo empleo no esté permitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.).

Con esta iniciativa, los legisladores juecistas buscan “la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del patrimonio de terceros, de los daños que pudieran ocasionarse por usos contrarios a lo dispuesto en la presente ley, y la preservación de la calidad de los alimentos y materias primas de origen vegetal y a la disminución del impacto ambiental que estos productos generan”.

Respecto a la autoridad de aplicación de la norma, propone que la misma sea el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía o el organismo que la reemplace en el futuro y establece que quienes realicen esta actividad “deben informar periódicamente las modificaciones al Organismo de Aplicación para su actualización”.

Asimismo, el Organismo de Aplicación deberá publicar y actualizar una clasificación de riesgo ambiental para los productos químicos o biológicos de uso agropecuario, para lo que deberá tenerse en cuenta no sólo los valores de toxicidad y residualidad, sino que deberán considerarse también las propiedades referidas a volatilidad, capacidad de percolación a napas, selectividad, concentración de producto activo y tipo de formulación.

Asimismo, la autoridad de aplicación deberá fomentar el control de plagas con bajo consumo de plaguicidas dando prioridad a los métodos no químicos, de manera que los usuarios profesionales de plaguicidas opten por las prácticas y productos que no suponga riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El Organismo de Aplicación también deberá fiscalizar y controlar la comercialización, el uso y la aplicación de plaguicidas en áreas urbanas, exceptuando las campañas oficiales de control de vectores de enfermedades que afectan a la salud pública.

“El Organismo de Aplicación deberá realizar un informe de gestión anual a esta Legislatura de Córdoba que deberá incluir indicadores y datos estadísticos de riesgo, y los planes de acción desarrollados”, e incluso que pueda “acompañar dichos informes con las propuestas legislativas que correspondan”, expresaron los parlamentarios en sus fundamentos.

Por otra parte, Clavijo y Sánchez proponen la creación de una "cuenta especial para la aplicación y control de la ley sobre productos químicos o biológicos de uso agropecuario", la que será destinada a las acciones de control e inspección fitosanitaria, a los gastos de funcionamiento de la Comisión Asesora Honoraria y al desarrollo de programas educativos en relación a las disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias.

Además, el proyecto establece que “todo aplicador que causare daños a terceros por imprudencia, negligencia, impericia o por dolo, se hará pasible de las sanciones que establezca la presente Ley, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiere lugar”.

Respecto a las sanciones, la iniciativa determina que en el caso de que se incumpliera la norma, el organismo de control podrá en primer lugar hacer un llamado de atención; que será seguido de un apercibimiento; luego una multa; interdicción de predios y/o decomiso de los productos y/o mercaderías contaminadas y/o de los elementos utilizados para cometer la infracción; suspensión y/o baja del registro correspondiente; inhabilitación temporal o permanente; Clausura parcial o total, temporal o permanente de los locales y depósitos; Secuestro de los equipos de aplicación y/o vehículos utilizados para cometer la infracción; y por último arresto.

El sumario administrativo podrá iniciarse de oficio, o por denuncia de particulares o cualquiera de los sujetos alcanzados por esta Ley, y acumularse más de una sanción, conforme a la gravedad de la infracción y los antecedentes del responsable”, dice el texto.

Los legisladores manifestaron además la necesidad de que los municipios y comunas de la provincia se involucren como garantes del cumplimiento efectivo de las medidas de control ya que “deberán informar anualmente al Organismo de Aplicación los resultados obtenidos en la aplicación de las medidas dispuestas por esta Ley”.

Finalmente Clavijo expresó: “No somos fundamentalistas, tenemos en claro que la forma de vida que llevamos hoy necesariamente contamina y depreda el medioambiente, simplemente creemos que esto tiene que tener un límite; de lo contrario, cuando córdoba sea un inmenso desierto verde de soja, todos lo lamentaremos”.