La Cámara baja se apresta a aprobar la ley de expropiación de la ex Ciccone

22/08/2012
Nacionales - Cámara de Diputados
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El oficialismo respaldó junto a sus aliados el proyecto, y manifestaron su apoyo Proyecto Sur, el juecismo y Solá. La oposición anticipó su rechazo y defendió los cinco dictámenes de minoría

La Cámara de Diputados se aprestaba esta noche a convertir en ley el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía Sudamericana de Valores (ex Ciccone), en el marco de una sesión especial que demandó más de ocho horas de debate.

Durante la sesión, que se inició a las 12, el oficialismo respaldó junto a sus tradicionales aliados el proyecto, mientras que la oposición manifestó su rechazo a la propuesta y defendió, por separado, los cinco dictámenes de minoría impulsados por ese sector.

Además de los habituales aliados con los que el oficialismo alcanza los 140 votos, el Frente para la Victoria (FPV) sumaba los apoyos de los bloques opositores como Proyecto Sur, de Pino Solanas, y los que responden al cordobés Luis Juez y a Felipe Sola.

En tanto, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el socialismo, el GEN de Margarita Stolbizer y el Frente Peronista, se agruparon en contra de la sanción del proyecto.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que el Senado aprobó la semana pasada, recibió dictamen ayer por la tarde en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General.

Al defender el proyecto como miembro informante del oficialismo, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, sostuvo que el proyecto "está dentro de los marcos constitucionales y es una actividad excluyente de este Congreso".

Además, cuestionó a la oposición al afirmar que "hace un show entre quiénes, siguiendo como borregos al señor (Héctor) Magnetto -CEO de Clarín-, hablan mal de nuestro vicepresidente".

En esa misma línea, el diputado Jorge Yoma (FpV) aclaró que "no estamos expropiando" sino declarando de utilidad pública a la empresa y aseguró que "hoy queremos recuperar para el Estado algo que nunca debimos haber perdido".

La diputada del Frente para la Victoria Andrea García opinó que la decisión de "monopolizar la emisión de moneda es un paso más en el fortalecimiento del Estado y en la recuperación de sus atribuciones perdidas".

García consideró que la iniciativa debe ser situada en un "tiempo histórico", que apunta a "incrementar la capacidad operativa de la Casa de la Moneda y las competencias indelegables del Estado".

Juzgó además que quienes se oponen al proyecto "son aquellos que con un discurso ético y republicano rechazan los proyectos que acercan al país a ser a una patria compartida y solidaria".

"Son los que quieren volver a acuñar en la otra cara de la moneda la dolarización, la dependencia económica y son quienes nos llevaron a las cuasi monedas", advirtió la legisladora oficialista.

Entre los apoyos de los bloques aliados al kirchnerismo se destacó el del bloque Nuevo Encuentro, que a través de Juan Carlos Junio expresó: “Estamos discutiendo los problemas de la Patria. La discusión de fondo es ideológica, no moral. Apoyamos y saludamos esta decisión política de la Presidenta, coincide con nuestros ideales"

"Es de toda lógica que el Estado expropie y se haga cargo de una empresa con capacidad de fabricación de billetes y acuñación de moneda de curso legal, y mucho más en el marco de una crisis internacional grande y estructural", aseveró.

Solanas expresó su apoyo al proyecto oficial que declara de utilidad pública a la Compañía Sudamericana de Valores (ex Ciccone) y argumentó que "expresa la necesidad del Estado de recuperar su capacidad soberana después del flagelo sufrido desde la década del 90".

Al hablar en el recinto Solanas, autor de un dictamen de minoría que propone la expropiación de esa empresa, sostuvo además que "no se hacen normas para 15 días, sino para mucho tiempo".

En ese sentido, fundamentó que la futura ley expresa la "necesidad del Estado de recuperar su capacidad soberana después del flagelo sufrido desde la década del 90 con las políticas privatizadoras neoliberales".

Con todo, Solanas adelantó que Proyecto Sur presentará en los próximos días un proyecto para que el Congreso vote la conformación de una comisión permanente de seguimiento de la actividad de la ex Ciccone.

Además, el titular del bloque de Proyecto Sur advirtió que "la expropiación no interfiere en ningún otro proceso abierto".

Desde el radicalismo, el diputado Ricardo Alfonsín consideró una "exageración la invocación que hace el oficialismo a la llamada soberanía monetaria".

El titular del bloque socialista Juan Carlos Zabalza cuestionó la falta de debate y se preguntó: "¿No sería más normal una convocatoria a las diferentes estructuras políticas para poder concensuar y conocer las bases que fundamentan esta decisión?".

En tanto, el presidente del interbloque Frente Peronista, Enrique Thomas fundamentó la negativa de acompañar el proyecto al considerar que la expropiación impulsada por el oficialismo "es un rescate financiero y político".

Desde el PRO, Federico Pinedo dijo que "no estamos comprando máquinas, estamos expropiando una sociedad anónima”.

"No se trata de soberanía monetaria porque la mayor parte de los costos (en la emisión de papel moneda) son por el papel y la tinta, que se importan", expresó el diputado del PRO, Federico Pinedo.

Consideró que "lo que se está expropiando es una sociedad anónima, por la que van a pagar los argentinos con su plata a los acreedores".

Desde la bancada del GEN, el diputado Gerardo Milman cuestionó por qué el oficialismo evitó debatir las propuestas con objetivos similares presentadas con anterioridad por la oposición y, entre otras cosas, reclamó al gobierno que impulse la confección de billetes de mayor denominación.

El radical Mario Negri dijo que la UCR "tiene más dudas que certezas", reseñó 14 pedidos de informes sobre el funcionamiento de la ex Ciccone y preguntó "qué se hizo hasta ahora para defender la soberanía monetaria".

A su turno el diputado del Frente Peronista Gustavo Ferrari dijo que "el Poder Ejecutivo tiene la propiedad de expropiar, y también es constitucional declarar de utilidad pública, pero el artículo 17 de la Constitución establece que la propiedad es inviolable".

El referente de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, advirtió que "aun expropiando a la ex Ciccone no se resuelve la cuestión de la soberanía monetaria" porque esa atribución "no tiene que ver con emisión de moneda sino con generar confianza en esa moneda".

Asimismo, el diputado radical Miguel Giubergia, dijo que con el proyecto de expropiación de la ex Ciccone se pretende “tapar las huellas del delito”.

El gobierno utiliza a la Cámara de Diputados como delivery de este proyecto de ley”, denunció el diputado durante la sesión que se trata la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica S.A y solicitó “que concurran los funcionarios nacionales a explicarnos qué era lo que encontraron en la ex Ciccone tras la intervención, qué es lo encontró (el ministro de Economía Hernán) Lorenzino”.

“Nuestra intención era corroborar si el pasivo de Ciccone es de 420 millones de pesos, si es que le debe a la AFIP 245 millones, si a ARBA le adeuda 35 millones, si quedan 140 millones de pesos que se deberá hacer cargo el Estado, a pesar de lo que sostuvo Lorenzino, hoy interventor de la empresa”, aseguró Giubergia.

En este sentido, el jujeño aseguró que “cuando pedimos la presencia de (vicepresidente Amado) Boudou no era para voltearlo, nuestra pretensión era lograr transparentar esta situación, porque queremos que los negocios del Estado sean absolutamente transparentes y honestos, por eso queríamos que el principal sospechado venga y les diga a los diputados que no tienen ninguna responsabilidad”.

Entre otras cuestiones, el proyecto, de nueve artículos, establece la expropiación en los términos que fija la Constitución Nacional, con la cotización del Tribunal de Tasación de la Nación.

Además, la norma garantiza que serán mantenidas las fuentes de trabajo y será contemplada la deuda que la Compañía de Valores Sudamericana mantiene con el Estado.