Denuncian maniobras de empresarios y funcionarios para perjudicar el erario bonaerense
El presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, Luis Caro, denunció hoy la "actuación" en connivencia de empresarios, abogados y funcionarios del gobierno bonaerense para "perjudicar el erario provincial y al movimiento de fábricas recuperadas" al dar detalles del caso de la fábrica de Guasserman S.A.
En diálogo con Radio Nacional, el abogado querellante dio detalles respecto del caso por el que el movimiento de Fábricas Recuperadas iniciará acciones legales contra el gobernador Daniel Scioli, su ex ministro de Industria, Martin Ferre y dos estudios de abogados, entre otros.
Caro explicó que desde hace 12 años "se produjeron distintas recuperaciones de fábricas y en algunos casos se tuvieron que emitir leyes de expropiación", pero que en ese lapso, el gobierno de la provincia "nunca ejecutó ninguna de las expropiaciones que fueron dictadas por ley, salvo la de Guasserman S. A".
"Concretamente en el 2003 se emitió la ley de expropiación y el año pasado se llegó a un acuerdo autorizado por el Gobernador con el decreto 717 a pagar 101 millones de pesos por la tasación de una fábrica que en realidad la fiscalía dijo que vale 26 y lo concreto es que vale muchos menos".
El asesor letrado destacó que "contrariando toda la voluntad del gobernador, que fue vetar todas las leyes diciendo que no tenía presupuesto, en este caso, se depositó el dinero".
Asimismo, explicó que "los 101 millones de pesos se repartieron entre dos estudios de abogados: el primero está relacionado con el constitucionalista Daniel Sabsay y el segundo con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal".
"Los hemos denunciado también por asociación ilícita porque han actuado como banda, para perjudicar el erario provincial por un lado y por otro para perjudicar a todas las fábricas recuperadas: fíjense que con estos 101 millones se pagarían todas las fabricas recuperadas que nuclean a 8 mil obreros".
Asimismo, denunció que bajo el argumento de la falta de presupuesto, la política de la Provincia respecto de las fabricas recuperadas siempre fue "dilatoria".
"Yo creo que estamos ante un acto de corrupción con una actitud, digamos, contraria a la de un funcionario público, que es defender los intereses del trabajo, de los recursos de la provincia y de la generación de una economía sana", concluyó Caro.
Al respecto, el abogado Sabsay sostuvo que las acusaciones judiciales respecto de su actuación en la expropiación de la metalúrgica Wasserman "son un disparate" y que todo lo que se hizo "fue aprobado por el gobierno de Daniel Scioli".
En diálogo telefónico con Télam, el letrado dijo sentirse "tranquilo" con su labor y señaló que aun no recibió ninguna comunicación judicial sino que sólo posee la información publicada por diversos medios.
La empresa Ignacio F. Wasserman S.A. es una metalúrgica que, en 2001, tuvo una crisis financiera y fue recuperada por los trabajadores, quienes conformaron la `Cooperativa Los Constituyentes`, en Constituyentes 551 de Villa Martelli".
El Movimiento de Fábricas Recuperadas indicó que Wasserman "se tasó en 26 millones de pesos por los peritos de la Fiscalía" y explicó que los antiguos dueños reclamaban 102 millones de pesos por la expropiación pero se pagó un 387% más (101 millones), según explicó el titular del Movimiento, Luis Caro.
"Existió fraude en perjuicio del erario público de la provincia de Buenos Aires", aseguró Caro.
"Es un tema disparatado, me acusan como si yo hubiese participado de la transacción", agregó Sabsay, que además afirmó que el presidente y patrocinante del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, Luis Caro, "no debe haber mirado el expediente" porque "allí está todo muy claro".
Asimismo, explicó que sus honorarios quedaron explicitados en el expediente y afirmó que, en caso de recibir algún requerimiento judicial se defenderá, aunque prefirió no adelantar detalles de su estrategia legal.