Prorrogan la entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil
La ley mencionada entró en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial el 3 de junio de 2011 y establecía que la organización de la Justicia Penal Juvenil comenzaría a tener vigencia luego de haber transcurrido un año contando desde el momento de su publicación.
De acuerdo a lo que estaba estipulado en el mencionado artículo el Poder Judicial tenía la facultad de pedir una prórroga por un año más para su entrada en vigencia que implicaba la creación de una Cámara para garantizar la doble instancia judicial, cambiar el rol a los jueces de menores, crear los jueces penales juveniles y separar la instancia de la instrucción y acusación por la del juzgamiento.
Debido a la falta de recursos presupuestarios pero también a que la implementación del sistema de administración de causas multifuero para el interior de la provincia impidió que el régimen sea ejecutado en su totalidad en todo el territorio cordobés el Tribunal Superior de Justica envió una nota solicitando la prórroga establecida en la ley.
El legislador radical Rodrigo De Loredo que fundamentó la abstención de su bloque afirmó que en realidad no existe voluntad política ni de la justicia ni del gobierno para implementar las reformas exigidas en la ley de protección de los niños y adolescentes.
"El pedido de prórroga por un año da cuenta de la falta de voluntad política del Tribunal Superior y del Gobierno provincial para implementar las reformas exigidas por la ley. Son insuficientes los argumentos presupuestarios y administrativos. La reforma no es tan costosa como se justifica”, afirmó al principio de su fundamentación el legislador radical.
La réplica estuvo a cargo del legislador oficialista Juan Manuel Cid que preside la comisión de Asuntos Constitucionales del Poder Legislativo quien le recordó que este diferimiento estaba planteado en la ley precisamente por si ocurría algún inconveniente en la aplicación de la totalidad de la norma.
De loredo remarcó la necesidad de poner en vigencia esta ley porque “los juzgados de menores están saturados. No pueden dar respuesta a los diversos conflictos que se les presentan” y agregó que “no cumplen el rol de reinsertar a los jóvenes en la sociedad, están totalmente colapsados, no disponen de los recursos materiales ni humanos para cumplir el cometido previsto en la legislación. Estos lugares en vez de cumplir con un proceso de reeducación y resociabilización, son verdaderos centros de castigo”.