Olivero propone derogar las leyes de reforma previsional de De la Sota y Schiaretti
La legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Liliana Olivero, presentó hoy en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para derogar las leyes de reforma del sistema previsional 9504 y 10078, al considerar que son normas “violatorias de los principios establecidos en la Constitución Provincial que garantizan la vigencia del 82 por ciento móvil a jubilados y pensionados”(Ver: Futuro Lánguido y Aprobaron la reforma del Sistema Previsional).
El proyecto también dispone el cese de la intervención de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba, procediendo a su normalización en un plazo no superior a los 90 días.
Según la parlamentaria, “la violación de tales principios vulnera, además, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociendo al haber jubilatorio como un salario diferido”.
“Los ingresos de la clase pasiva y trabajadores no pueden ser la variante de ajuste para equilibrar las cuentas fiscales, toda vez que existe una discriminación a favor de los sectores capitalistas como sucede con las eximiciones impositivas, la falta de actualización de los valores de la propiedad rural y los subsidios a favor de grupos concentrado de la economía”, cuestionó Olivero.
La Ley 9504 fue sancionada durante la gestión del ex gobernador Juan Schieretti y se trata de un acuerdo de armonización firmado con el Gobierno nacional, el cual fija la edad jubilatoria, los años de aportes y las compensaciones; establece que las pensiones por fallecimiento serán percibidas por el viudo o viuda, convivientes e hijos solteros o hijas viudas de hasta 18 años y que no gocen de otra prestación; y permite un retiro por invalidez, que son prestaciones que se otorgan bajo pericias médicas que deben estar sujetas al Baremo Nacional, que es el listado de enfermedades profesionales.
Estos puntos del acuerdo son respetados por la provincia de Córdoba, aunque a estos se le suman otros dos que no acatados. Se trata del cálculo para el haber inicial, que según el sistema previsional nacional, surge del promedio de los últimos 10 años, mientras que en la provincia, se toma el promedio de los últimos cuatro años.
En otro punto conflictivo es el de la movilidad. A nivel nacional, el ajuste de los haberes se realiza cada seis meses en función de la variación del índice combinado de recursos tributarios por beneficio y el índice general de remuneraciones, mientras que en Córdoba, los aumento jubilatorios coinciden con los aumento salariales de los trabajadores activos.
En tanto la ley 10078, es la sancionada el miércoles pasado por la Legislatura provincial con la ausencia de casi toda la oposición y que establece un diferimiento de ciento ochenta y dos días para el pago de los aumentos que reciban los activos, respetando el cálculo del ochenta y dos por ciento móvil sobre el salario bruto(Ver El aumento a jubilados se pagará a los 180 días).
La norma que fue presentada ese mismo día por el gobernador José Manuel De la Sota, estipula además que se elevará la jubilación mínima a 2500 pesos utilizando un complemento previsional solidario para todos aquellos que no tengan otra prestación por la Caja o por cualquier otra entidad adherida al sistema de reciprocidad jubilatorio.
También dispone que los desequilibrios que genere el régimen especial previsto para el personal policial y penitenciario no podrán ser cubiertos en ningún caso con los aportes y contribuciones del resto de los afiliados al sistema.
Al igual que Olivero, el bloque del Frente Cívico (FC) presentó un proyecto similar para derogar la Reforma Previsional y propuso la creación de un Fondo Ético Provincial, (FEPRO) destinado a sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, hasta tanto se recuperen los fondos adeudados por la Nación (Ver: El FCyS quiere derogar la Reforma Previsional).
Para constituir este fondo el juecismo propone que se reduzcan porcentualmente los gastos consignados en el presupuesto 2012 en distintas áreas del gobierno y también que se suspenda la pauta publicitaria del Poder Ejecutivo, Servicios Personales y toda área centralizada y descentralizada del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Sociedades del Estado, Agencias y Empresas para que el monto resultante de esto se transfiera al Fondo Ético Provincial.