La justicia ordenó realizar una prueba de ADN para determinar si una joven es hija de una víctima de la dictadura
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó la realización de una prueba genética de ADN para determinar si una joven de más de 30 años nació en cautiverio y es hija de una mujer que dio a luz en 1978, en un centro clandestino de detención.
La Sala B del tribunal concluyó que la Justicia Federal es la competente para entender en la causa por la supuesta comisión de "delitos de lesa humanidad", y ordenó al Juzgado Nº 3 que, con "la mayor celeridad", disponga "inmediatamente la realización del examen de ADN".
Los camaristas Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Lascano también ordenaron al juez federal que corre vista al Ministerio Público Fiscal, en atención a la posible comisión del "delito de sustracción, retención y ocultamiento indebido de un menor de 10 años".
Los vocales agregaron que la vista dispuesta también apunta a la "eventual ampliación de la imputación contra quienes se desempeñaron, entre el 18 de octubre de 1978 y el 26 de diciembre de 1980, como empleados y funcionarios del Juzgado de Menores de 1ª Nominación de Córdoba, del 25ª Juzgado en lo Civil y Comercial, así como en la Maternidad provincial y en la Casa Cuna".
El tribunal hizo lugar a sendas apelaciones formulados por la Fiscalía y por la querella contra la decisión del Juzgado Federal Nº 3, que se había declarado incompetente para investigar los hechos y que, no obstante, ahora deberá actuar al haberse declarado la posible comisión de delitos de lesa humanidad.
La causa se originó en el hecho de que el 26 de septiembre de 1978, personal de la Dirección General de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba detuvo a María de las Mercedes Moreno, quien se encontraba embarazada, y la trasladó a un centro clandestino de detención.
El 11 de octubre de 1978, Moreno fue llevada a la Maternidad Provincial y ese día dio a luz una niña, que el 1 de diciembre de 1978 fue ubicada en la Casa Cuna por orden del Juzgado de Menores de 1ª Nominación, dado que, según este órgano judicial, los padres de la menor se encontraban detenidos.
De acuerdo con la sentencia, el 27 de septiembre de 1979, el titular del juzgado habría otorgado la guarda judicial con fines de adopción a un matrimonio que habría inscripto a la niña en el Registro Civil con un nombre supuesto (los datos personales se mantienen en reserva).
Tras pasar por el Establecimiento Penitenciario Provincial "Buen Pastor", Moreno recobró la libertad el 6 de abril de 1979, razón por la cual, junto a dos de sus hermanas, concurrió a la Casa Cuna a retirar a la niña, "lo que habría sido impedido por una monja que prestaba funciones en dicha entidad",
No obstante los trámites de guarda efectuados en el Juzgado de Menores, el 19 de diciembre de 1980 el matrimonio habría procurado inscribir a la niña como hija biológica, para lo cual habría contado con el certificado de un médico que habría dado cuenta que la menor nació el 11 de octubre de 1980 en un parto natural.
Por último, cuestión que ahora deberá ser investigada, el 26 de diciembre de 1980 la supuesta madre biológica habría inscripto a la menor en cuestión como su hija, según puede leerse en la sentencia.
Los camaristas insistieron en que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "las formas de participación en delitos de lesa humanidad resultan múltiples y diversas, y no quedan circunscriptas a la comisión de homicidios, torturas u otros hechos similares, sino que, incluso, pueden constituir figuras delictivas autónomas, como las aquí analizadas".
"Las conductas endilgadas no pueden escindirse del contexto en que supuestamente se habrían producido la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos a la denunciante; esto es, a partir del telón de fondo de la llamada `lucha contra la subversión`, en el marco de la dictadura cívico-militar", remarcaron los juece.