El Obstaculizador

El defensor de cinco represores, Dr. Jorge Agüero, denunció penalmente al juez Ignacio Vélez Funes por abuso sexual con acceso carnal a una empleada del edificio de Tribunales Federales, por lo que pidió su recusación que fue denegada.

En el marco de la causa “Bruno Laborda” que se lleva a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones, el Dr. Agüero acusó al presidente del Tribunal de abusar sexualmente a una empleada de limpieza perteneciente a una cooperativa de trabajo que estaba trabajando en la oficina del magistrado.

También lo acusó de ejercer abuso de autoridad por estar en ejercicio de sus funciones durante el supuesto delito por lo que solicitó la inmediata recusación de Vélez Funes.

El Tribunal, presidido durante la deliberación de la recusación por el vocal Rodolfo Martínez, resolvió no hacer lugar al planteo de Agüero argumentando que las denuncias deben ser interpuestas con anterioridad al inicio del proceso que comenzó el pasado 22 de octubre, mientras que la denuncia se efectuó ayer, en la tercera jornada de las audiencias de apelaciones.

Además porque “se advierte que los hechos a los que se hacen referencia en la denuncia no guardan ningún tipo de relación con los que se debaten en el proceso, por lo que no obsta con la regularidad del magistrado que se pretende recusar” y porque “no existe a la fecha víctima identificada y mucho menos la promoción de la acción penal por parte de ésta. El delito es de instancia privada”, expresaron en los fundamentos.

Tras la denegación de la recusación Vélez Funes volvió a ocupar la presidencia del Tribunal, pero antes negó “total y terminantemente el cargo que se me ha formulado en el ejercicio de mis funciones. La cuestión planteada no tiene ninguna vinculación con los hechos, las causas y los imputados en esta audiencia”.

En su acusación Agüero no especificó datos importantes como fecha, tiempo ni nombre de la víctima. Además, este supuesto delito es de instancia privada y solamente el afectado y el ofendido son los que pueden formularlo, al tiempo que el querellante particular sólo puede serlo en nombre del ofendido.

“El Sr. Secretario de la Superintendencia me ha informado que no hay ningún tipo de denuncia escrita y oral sobre los hechos planteados. No conozco ninguna queja al respecto, por lo que debo pensar que es fruto de la imaginación, fruto de un invento y de algo que no sólo afecta la investidura que ostento sino mi honor, la de mi familia y de la sociedad toda”, dijo el Magistrado.

Por su parte el Fiscal General, Dr. Alberto Gabriel Lozada, sostuvo que “debe ser rechazado” el planteo de recusación expuesto por Agüero porque "no es un hecho que puede demostrarse”.

Asimismo el Fiscal se quejó de Agüero porque “la función que cumple no es la de un simple abogado defensor, sino la de un obstaculizador de las audiencias”.

La abogada querellante, María Elba Martínez, tras adherir a lo planteado por el Fiscal postuló el rechazo de la recusación porque “nada tiene que ver con los hechos que nosotros estamos acá trabajando”.

“Estos juicios ya tienen una tardanza más allá de lo adecuado y generar este tipo de obstaculizaciones trae para nosotros un agravio muy grande, con lo cual creo que debe ser desestimado y continuar con la audiencia”, dijo la abogada.