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El legislador del bloque Unión por Córdoba, Emilio Graglia, sigue dando muestras de su profunda relación con el Kirchnerismo cordobés no sólo por apoyar en las últimas semanas una serie de medidas impulsadas por los referentes kirchneristas en Córdoba y por el gobierno nacional, sino también por presentar iniciativas afines a esta corriente política.
Es que el último miércoles tomó estado parlamentario en la Legislatura de la provincia de Córdoba un proyecto de ley del parlamentario de origen radical por el que crea el Instituto Provincial para el Desarrollo Regional que pretende ser el lugar desde donde se planifiquen las obras de los municipios agrupados en las distintas comunidades regionales.
A su vez esta iniciativa engloba al Banco Regional de Córdoba propuesto hace dos semanas por los intendentes kirchneristas Daniel Giacomino, Eduardo Acastello, Juan Jure y Carlos Felpeto, al que Graglia apoyó a través de su declaración de beneplácito e interés que presento en la Unicameral.
Graglia comenzó siendo hombre de Héctor Campana en la Legislatura, pero ahora se distanció políticamente del vicegobernador y retomó su relación con el intendente de Villa María, Eduardo Acastello, cabeza del kirchnerismo en Córdoba, que comenzó a fines del 2004 durante el mandato del ex gobernador José Manuel De la Sota.
El proyecto de ley dispone que el Instituto Provincial para el Desarrollo Regional perseguirá los objetivos de aportar al fortalecimiento de las autonomías locales y profundizar el proceso de regionalización en toda la provincia, a través de diversas actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica y financiación de proyectos.
Para lograr el propósito del Instituto se crea también el Fondo Provincial para el Desarrollo Regional integrado, entre otros, por los aportes del gobierno provincial y de las municipalidades y comunas.
Este Fondo será utilizado en parte para sufragar los gastos que demande el funcionamiento del Instituto, y en parte a financiar los proyectos receptados. De esta manera se garantizaría un piso mínimo de inversión efectiva y directa en el desarrollo regional.
Asimismo la iniciativa de Graglia establece que el gobierno del Instituto estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo, uno de los cuales será designado como presidente; dos legisladores provinciales, uno por la mayoría y otro por la minoría; y por dos presidentes de Comunidades Regionales pertenecientes a distintos partidos políticos, designados por la Mesa Provincia-Comunidades Regionales.
Este Consejo deberá velar por el cumplimiento de los objetivos del Instituto; mantener las relaciones con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ejecutar los programas de estudio e investigaciones, de capacitación y de asistencia técnica, y administrar el Fondo Provincial, entre otras funciones.