Emiten dictamen del proyecto que penaliza el trabajo infantil
Un proyecto que establece penas a quien promueva, aproveche o explote económicamente el trabajo de un niño recibió dictamen esta tarde en un plenario de comisiones y quedó habilitado para ser discutido en el recinto de la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa que ya había recibido despacho el año pasado, pero que no pudo ser debatida en la última sesión del 2011 porque repentinamente el recinto quedó sin quórum y se levantó la discusión.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Oscar Albrieu; Legislación del Trabajo, a cargo de Héctor Recalde; y Familia, en manos de Silvia Risko, firmó dictamen de la iniciativa que incorpora en el Código Penal el capítulo "Delitos contra la Integridad de los Menores".
De acuerdo con el texto, será reprimido con cárcel de 1 a 4 años al que "promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave".
También se aplicará esa pena a "directores, gerentes de la sociedad o administradores (de una persona de existencia ideal)" y también a "síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que hubieren consentido de cualquier modo que el niño o niña trabajare en provecho de aquélla".
El proyecto, consensuado entre tres proyectos de los diputados Diana Conti, Héctor Recalde y Martín Sabbatella, advierte que "no será punible el padre, madre, tutor o guardador" del niño que incurriere en la conducta descripta".
Este punto generó reparos de algunos de los diputados de la oposición que advirtieron que se había eliminado del dictamen del año pasado una parte del texto que libraba de culpa a los padres "cuando mediaren circunstancias de una economía familiar de subsistencia".
Recalde explicó que esta última frase había sido eliminada para "no invertir la carga de la prueba", es decir, no obligar a un eventual padre acusado de explotación de tener que salir a probar su inocencia, sino justamente al revés, o sea que el que acusa, que recabe las pruebas suficientes.
También la propuesta castiga con entre 3 y 6 años de prisión cuando hubiera tres o más víctimas, o tres o más victimarias; cuando hubiera un funcionario público implicado, quien además recibirá una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
Se aplicará cárcel de entre 4 y 8 años a quienes utilicen a los niños en "actividades riesgosas, inseguras o peligrosas", como trabajos bajo tierra, bajo el agua o en altura, o con maquinaria y herramientas peligrosas, o que impliquen la manipulación de cargas pesadas.
Los diputados del FAP Víctor de Gennaro y Victoria Donda reclamaron que el texto contemple algún tipo de "protección" a las organizaciones sociales que llevan adelante trabajos comunitarios con menores de edad para que "no sufran persecuciones de parte de jueces o fiscales" a partir de la aplicación de esta ley.
De hecho, el Frente Amplio Progresista firmó el despacho en disidencia parcial, aunque opositores y oficialistas acordaron intentar consensuar algún párrafo que contemple el pedido de De Gennaro, antes de que la iniciativa llegue al recinto.
En este marco, todos los bloques se pronunciaron de acuerdo con lograr que el proyecto sea incluido cuanto antes en el temario de sesión.
Por otra parte, la comisión de Legislación Penal abrió el debate de los proyectos que modifican la Ley de Trata de Personas, y anunció que convocará para la semana próxima a funcionarios y especialistas en este delito.
De esta manera el grupo parlamentario de trabajo busca avanzar en el proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que, entre otros puntos, deja de contemplar el consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, como atenuante de la responsabilidad del acusado.
La Comisión escuchará el jueves de la semana próxima, los aportes de Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y de una asesora del ministerio de Seguridad de la Nación.
También, durante la reunión, se sugirió invitar a representantes de ONGs que trabajan en la prevención y combate de la trata de personas, para que presenten sus aportes, una vez que los asesores de la comisión analicen las distintas iniciativas.
Uno de los planteos que se escucharon en la comisión que preside Oscar Albrieu (Frente para la Victoria-Río Negro) apuntó a que se deberían "ajustar algunas definiciones penales del proyecto para una mayor precisión en pos de lograr una ley más efectiva".
Donda puntualizó en ese sentido que "la figura de esclavitud no está contemplada en el Código Penal donde se habla de reducción de la servidumbre".
En total son ocho los proyectos que se están considerando y la mayoría establece variantes a la Ley 26.364, sancionada en el 2008, que tipifica el delito y lo coloca en jurisdicción de los tribunales federales.
Además de las iniciativas de los diputados se debate un proyecto aprobado el año pasado en el Senado, que fija el aumento del castigo para los implicados en el delito.
La iniciativa amplía también la protección de las víctimas y erradica como atenuante de la responsabilidad de los acusados el supuesto consentimiento de la víctima.
Los diputados que integran las comisiones de Legislación Penal y Seguridad y Familia se reunieron en mayo pasado con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien expuso algunos lineamientos de la legislación que interesa al Poder Ejecutivo.
Además del punto que contempla el no atenuante de las penas por un supuesto consentimiento, el texto que se aprobó en el Senado le da una definición a este tipo de delito.
Precisa que la trata de personas es "el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países".
Prevé, además, castigos cuando se reduzca o mantenga a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, se obligue a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y se promueva la prostitución ajena o la prostitución infantil.
En el texto, las penas para los imputados de proxenetismo contemplan un castigo de 2 a 4 años de prisión pero, en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores de edad, el castigo va de 5 a 15 años.
La iniciativa dispone también crear organismos y volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito.
Según Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa en el mundo, detrás del tráfico de drogas y de armas.
En Argentina, según datos del Ministerio de Justicia, desde 2008 y hasta junio de este año, fueron rescatadas 3.292 personas que se encontraban en situación de trata.
Por otra parte, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen favorable para el proyecto que establece un resarcimiento a familiares de víctimas del atentado a la AMIA y para el que propone una indemnización para los derechohabientes de los fallecidos en las protestas sociales de diciembre de 2001.
Ambas iniciativas prevén, además, reparaciones económicas para los heridos en ambos hechos.
La comisión que preside el kirchnerista Roberto Feletti ratificó el contenido de los textos enviados desde las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos y sin mayor debate firmó los dos dictámenes.
En relación a la reparación histórica para las víctimas de la represión con motivo de las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 se prevé, por única vez, un beneficio de aproximadamente 1.400.000 pesos para los familiares de cada una de las víctimas mortales; y con escalas para los heridos en esos hechos.