El Frente Cívico presentó un proyecto de Ley de Agrotóxicos

Los legisladores del Frente Cívico (FC), Edgar Santiago Clavijo y Graciela Sánchez, presentaron hoy en la Legislatura de Córdoba un proyecto de Ley de Agrotóxicos el cual pretende proteger y preservar el medioambiente y la salud humana.

“Si bien conserva el espíritu de La Ley Provincial en vigencia, incorpora criterios, acciones y disposiciones que actualizan el contenido de la legislación vigente” expresaron los legisladores sobre la normativa a través de un comunicado y explicaron que “entre los principales aspectos que se modifican se establece el cambio del Organismo de Aplicación al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, adecuando la jurisdicción al objetivo general de la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del patrimonio de terceros”.

El proyecto incorpora criterios tendientes a que el Estado provincial a través de su Organismo de Aplicación asegure y promueva la debida información a las comunidades que conviven con estas prácticas agrícolas sobre los peligros y riesgos del uso de determinados plaguicidas, como así también el asesoramiento a los productores en cuanto a otras alternativas menos riesgosas o contaminantes para el desarrollo de la actividad.

También se establecen mecanismos de control sobre los equipos utilizados para la aplicación de plaguicidas y se contempla los residuos producidos por la actividad incorporando el Principio de Responsabilidad.

Asimismo, se dispone la prohibición de la pulverización aérea en términos generales, no obstante la misma podrá autorizarse en casos especiales, especificando los controles que deberá llevar adelante el Organismo de Aplicación para que dicha pulverización pueda darse de en marco de la preservación de la salud humana y el ambiente.

Al respecto, Clavijo y Sánchez destacaron que “cuando se habla del impacto ambiental que estos productos generan, no se refiere sólo al ambiente separado de nuestras vidas, sino principalmente a la protección de la salud humana”.

“Uno de los aspectos más importantes es la incorporación expresa del Principio Precautorio en el texto de la nueva ley fundamentado en la Constitución Nacional y en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Esto ratifica la voluntad de la Legislatura de Córdoba por proteger y preservar el medioambiente y la salud humana”, sostuvieron.

Resaltaron también “la creación de Zonas de Resguardo Ambiental, en las que quedan prohibidas la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, disponiendo para tal fin de un retiro de mil metros (1000 metros) a partir del límite de las trazas urbanas”.

El proyecto propone que un 50 por ciento de estas áreas se destine a la recuperación de bosques y montes nativos, y el otro 50 por ciento a la producción de alimentos orgánicos administrados por municipios, comunas y cooperadoras escolares, procurando así garantizar la producción de verduras, frutas y hortalizas libres de agroquímicos para el consumo de las comunidades locales.

“Con la recuperación del bosque y el monte nativos pretendemos comenzar a reparar, mínimamente, las alteraciones producidas en la biodiversidad de nuestra provincia y en el normal escurrimiento del agua provocadas por la deforestación” explicaron los parlamentarios y agregaron que “con la creación de los cinturones verdes productivos fomentar la radicación de mano de obra en el interior provincial, recuperando de ese modo antiguas zonas de chacras y quintas alrededor de los poblados”.

En este sentido dijeron que “alimentos y empleo para todos los cordobeses sin los impactos de la agricultura industrial, son políticas que deben incluir necesariamente el apoyo y la promoción del Estado Provincial”.

Además, la norma establece que los comercializadores de productos químicos o biológicos de uso agropecuario deberán contar con personal capacitado y con certificado habilitante presente en el momento de la venta, para proporcionar información adecuada sobre los riesgos del uso de plaguicidas, para ello el estado provincial desarrollará programas de formación para distribuidores, asesores y usuarios profesionales de plaguicidas, con certificados habilitantes otorgados por autoridad oficial.

Respecto a la sanciones, el proyecto dice que el Organismo de Aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos de la ley sanciones que consisten en primero un llamado de atención, luego un apercibimiento, seguido de una multa, interdicción de predios y/o decomiso de los productos y/o mercaderías contaminadas y/o de los elementos utilizados para cometer la infracción, suspensión y/o baja del registro correspondiente, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total, temporal o permanente de los locales y depósitos, secuestro de los equipos de aplicación y/o vehículos utilizados para cometer la infracción, y finalmente el arresto.

El sumario administrativo podrá iniciarse de oficio, o por denuncia de particulares, y acumularse más de una sanción, conforme a la gravedad de la infracción y los antecedentes del responsable. Los montos de las multas y la duración de las interdicciones, clausuras o inhabilitaciones, serán fijados por la reglamentación. Las sanciones de todo tipo se duplicarán en caso que el infractor hubiera omitido inscribirse en alguno de los registros que le hubiera correspondido.

Respecto a territorio de aplicación de la norma, se establece que a partir de la promulgación de la Ley, su cumplimiento será obligatorio para todos los municipios de la provincia de Córdoba, los que deberán adherir o adecuar sus normas a la presente, deberán informar anualmente los resultados obtenidos, y luego el Organismo de Aplicación deberá realizar un informe de gestión anual a esta Legislatura de Córdoba que deberá incluir indicadores y datos estadísticos de riesgo, y los planes de acción desarrollados.