El plazo para la prohibición de La Salada sería de 180 días

Mañana en la sesión de la Legislatura de la Provincia de Córdoba,  se aprobaría un proyecto que establece un plazo de 90 días para la elaboración de la legislación de superficies comerciales vinculadas a formatos no tradicionales, ferias internadas o de formas similares”, cualquiera sea su metodología o modalidad de funcionamiento que suspendería la radicación de “nuevas grandes superficies comerciales durante ese período.

En el plenario de comisiones se debatió si la iniciativa de Unión por Córdoba, que esboza un plazo 90 días para la elaboración de la legislación de superficies comerciales, es suficiente para la elaboración de la legislación.

La reunión contó con la presencia del Secretario de Comercio, Industria y Minería de la Provincia, Lic. Efraín Molina, quien declaró que existe “un vacío legislativo sobre ferias comerciales” por lo que es importante que se empiece a debatir sobre este tema.

“A partir de esta iniciativa, se debe hacer un tratamiento diferencial de lo que son las grandes superficies y lo que son ferias propiamente dichas” agregó el secretario de Comercio, Industria y Minería.

Al tiempo que agregó que es necesario tomar los antecedentes de otras provincias que ya han legislado en este asunto, para tomar algunos puntos y adaptarlos a las características de la provincia de Córdoba.

Respecto al plazo de 90 días propuesto por Unión por Córdoba, la legisladora del Frente Cívico, Lic. Nancy Lizzul, propuso "extender el plazo de 90 días establecido en el art. 1º y 2º a 180 días, con el fin de contar con los tiempos necesarios para la elaboración de una normativa que regule la instalación de grandes superficies comerciales y ferias en la provincia de Córdoba".

En relación a esto, se resolvió continuar con la discusión mañana en Labor Parlamentaria, antes de que la iniciativa pase a votación en el recinto.

Además, la comisión debatió por un lado,  la declaración de situación de riesgo comercial, que sustituyó a la de emergencia.

En este sentido, la legisladora del bloque de la UCR, Olga Rista, expresó que  se debería eliminar el  artículo uno ya que “creemos que lo del riesgo es demasiado” al tiempo que  afirmó que se deja abierta la discusión hasta mañana en  Labor Parlamentaria.

Por otro lado se discutió, la necesidad de que la legislatura de la provincia arbitre los medios necesarios para evitar el asentamiento, debido a que este hecho originaria competencia desleal y destrucción del comercio minorista y el trabajo.

En relación a esto,  la Legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero, declaró que la ley que se elabore desde la legislatura deberá  ser una normativa consensuada con los sectores interesados, para poder garantizar que dentro de los 90 días tengamos una normativa que proteja el comercio de Córdoba.

Recordemos que dentro del plazo, que finalmente logren acordar los legisladores, se deberá promover el tratamiento y sanción de una normativa que regule la radicación de grandes superficies vinculadas a formatos no tradicionales, ferias de barato, sociales, entre otros, para poder garantizar la igualdad ante la ley, la trazabilidad de la mercadería, la trazabilidad impositiva, el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, laborales, previsionales y de todo otro requisito normativo nacional, provincial y municipal.

Asimismo, se faculta al Ejecutivo a prorrogar, por única vez y por igual término, los plazos previstos por esta normativa.

En los fundamentos de la iniciativa los legisladores sostuvieron que “el ingreso de mercadería de procedencia dudosa a la Provincia de Córdoba se ha incrementado notablemente y su canalización en el circuito comercial es a veces de muy difícil control, lo mismo ocurre con productos de marcas falsificadas”.

“Los fabricantes, fundamentalmente de indumentaria y prendas deportivas, muchas veces imitadas, producen excedentes o liquidan a precios predatorios mercadería discontinuada, o pagan a los cosedores familiares con mercadería que ingresa al sistema de ferias o de mayoristas, mientras les prohíben a sus representantes comerciales vender esa mercadería”, agregaron.

En la reunión participaron las comisiones de Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR, de Industria y Minería y la de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.