UBA resolverá si admite o no represores condenados en sus carreras
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se pronunciará mañana por el rechazo o la admisión de condenados por delitos de lesa humanidad a cursar carreras en esa casa de estudios, mediante el programa UBA XXII.
La resolución se conocerá a las 9 en la sede del Rectorado, ubicado en Reconquista y Viamonte, según confirmó el director del Programa Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras, Juan Pablo Parchuc.
El Consejo Superior integrado por el rector -Rubén Hallú-, los decanos de las facultades, y cinco representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, se expedirá así ante los pedidos de condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos Adolfo Donda, Carlos Jurio y Oscar Rolón.
Parchuc explicó que a esta instancia se llegó "después del dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento que elaboró un proyecto en rechazo a la admisión".
Por su parte, las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales ya se pronunciaron sobre la cuestión rechazando la inscripción de los genocidas en los cursos del programa UBA XXII de educación en cárceles.
En la misma línea, organizaciones de derechos humanos, repudiaron a través de una solicitada el intento de los represores de ingresar a la universidad pública, en la que durante el terrorismo de Estado "miles de docentes, graduados, estudiantes y no docentes sufrieron persecución, secuestros, apropiación de bebés, torturas, asesinatos y desapariciones".
En tanto, y hasta que el Consejo Superior se expida, ayer tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras una mesa debate con los decanos de la Facultad de Ciencias Sociales, Sergio Caletti y de la Facultad de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero; el representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman; un convicto con salidas transitorias y una ex detenida.
"El debate fue enriquecedor porque tuvo aportes desde lo institucional, lo jurídico, más los testimonios de quienes viven la presencia de condenados en la cárcel con privilegios que no tienen otros" apuntó el directivo de la UBA.
Además, remarcó que los argumentos que se expusieron giraron en torno a "aclarar que no se trata del derecho a la educación en abstracto, sino que se trata de que la Universidad como ente autónomo siente posición respecto de los límites que va a poner ante situaciones como ésta".