Chioffalo afirmó que el Estado no influye en el ejercicio de la prostitución individual
La titular de la Secretaría de Prevención de la Trata de Personas, María Amelia Chioffalo, afirmó que el Estado no tiene nada que ver con el ejercicio de la prostitución.
“El Estado no tiene absolutamente nada que ver en relación al ejercicio de la prostitución a título autónomo individual. Lo que el Estado no puede ser es, por supuesto, ser proxeneta y promocionar la explotación de la prostitución ajena”, expresó la funcionaria.
Al ser consultada por protestas que realizaron ayer las meretrices de Córdoba, quienes manifestaron su repudió a la decisión del Gobierno cordobés de ofrecer pasaje a prostitutas para que vuelvan a su lugar de origen, Chioffalo destacó que el Estado busca trabajar con la asistencia de las personas en situación de prostitución.
“En relación a las chicas de AMAR, desde el primer día nosotros nos hemos puestos a disposición, inclusive a través de la prensa a los efectos de poder trabajar en conjunto para todo aquello que tenga que ver con la asistencia de las personas en situación de prostitución, o cualquier otro factor que tenga que ver, por ejemplo, con el tema de la formación, capacitación, etcétera", manifestó la titular de la Secretaría de Prevención de la Trata de Personas.
Recordemos que ayer la fundación María de los Ángeles -que dirige Susana Trimarco- que abrió su sede en Córdoba y se hará cargo del refugio en Córdoba que alberga a mujeres rescatadas de este flagelo. (Ver: Defensoría del Pueblo transfirió el Refugio para víctimas de trata de personas a Susana Trimarco)
Cabe señalar, que la provincia de Córdoba sancionó, el pasado 30 de mayo, la ley contra la Trata de Personas que envió el gobernador José Manuel De la Sota. (Ver: Sin respaldo unánime, se sancionó la ley contra la Trata de Personas).
En esa oportunidad, el bloque juecista impulsó un despacho en minoría sobre esta iniciativa, cuyos puntos principales son el endurecimiento de la pena para los proxenetas, ya que según indicó la legisladora Liliana Montero, la ley oficialista “es exigua, blanda, no alcanza, no sirve, vamos por más castigo a quien explota sexualmente a la mujer”.
También, el despacho en minoría apela a la discriminalización de la mujer, planteando la constitución de formas asociativas donde desarrollen su labor personas que de modo libre y voluntaria se desenvuelvan como trabajadoras sexuales, tal como reclamaron desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR), durante su presencia en la Unicameral (Ver Desde AMMAR aseguran que la iniciativa profundizará la clandestinidad de la prostitución).
En tanto, desde la Unión Cívica Radical (UCR), manifestaron su voto a favor de la iniciativa oficialista y destacaron la incorporación de su propuesta de incluir en la curricula escolar de los establecimientos públicos y privados de textos vinculados con este flagelo para generar conciencia y prevención entre los niños y jóvenes.
Desde el oficialismo, Sergio Busso celebró que el gobernador De la Sota “se haya propuesto semejante desafío” y aseguró no tener dudas que los municipios y comunas adherirán a la ley “y se van a sumar a la tarea de cerrar definitivamente estos lugares”, dijo.
Cabe destacar que a la iniciativa original se le incorporaron dos artículos. Uno de ellos establece que en todos los procedimientos que se realicen en el marco de la aplicación de esta ley, se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar de manera voluntaria, haciendo una separación entre prostitución y trata de personas, ítem que busca derribar los cuestionamientos en relación a que la ley criminaliza el trabajo sexual.
Ese mismo artículo dispone que “cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiéndose brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes”.
La otra incorporación tiene que ver con una sugerencia del radicalismo y determina la incorporación como contenido curricular en las escuelas provinciales del estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de personas, así como los medios de prevención para no ser víctimas de este flagelo.
La normativa que quedó sancionada tiene por objetivo clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.
El proyecto prevé la creación de un programa que se centrará en la desarticulación de las mafias y el crimen organizado que explota y esclaviza mujeres para someterlas a prostitución forzosa.
Junto con diferentes áreas del Estado y la justicia federal y provincial, este programa promoverá el respeto irrestricto de todas y cada una de las libertades individualesy/o colectivas, y resguardando la libertad sexual de todos los habitantes.
Asimismo, se propone combatir las organizaciones delictivas que esclavizan, reducen a la servidumbre y someten a mujeres, hombres, niñas y niños para destinarlos al comercio sexual.