AMMAR manifestó su repudio al ofrecimiento de pasajes a prostitutas
Las trabajadoras sexuales agrupadas en La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), cuestionan el pago de pasajes y manifestaron su repudió a la decisión del Gobierno cordobés de ofrecer pasajes a prostitutas para que vuelvan a su lugar de origen.
Desde la entidad consideran que la media “esconde” la situación de las mujeres y plantea la polémica respecto a los operativos de cierre de prostíbulos que incluyen, entre distintos ofrecimientos que se les hace a las mujeres que trabajan allí, el de pagarles el pasaje para que vuelvan a sus lugares de origen.
“Vuelven a querer escondernos y encerrarnos”, dice el comunicado de Ammar Argentina. “En lugar de enfrentar la realidad, pretenden maquillarla, ocultarla y ahora hasta barrerla hacia sus provincias hermanas”, apuntan.
Para las mujeres nucleadas en la asociación, la medida muestra “el escaso compromiso que tienen para respetar los derechos de las trabajadoras sexuales”. “Por más que nos escondan o nos encierren, vamos a seguir saliendo a buscar el pan para nuestras familias”, señalan.
Recordemos que la provincia de Córdoba sancionó, el pasado 30 de mayo, la ley contra la Trata de Personas que envió el gobernador José Manuel De la Sota. (Ver: Sin respaldo unánime, se sancionó la ley contra la Trata de Personas).
En esa oportunidad, la minoría apeló a la descriminalización de la mujer, planteando la constitución de formas asociativas donde desarrollen su labor personas que de modo libre y voluntaria se desenvuelvan como trabajadoras sexuales, tal como reclamaron desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR), durante su presencia en la Unicameral (Ver Desde AMMAR aseguran que la iniciativa profundizará la clandestinidad de la prostitución).
Cabe destacar que a la iniciativa original se le incorporaron dos artículos. Uno de ellos establece que en todos los procedimientos que se realicen en el marco de la aplicación de esta ley, se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar de manera voluntaria, haciendo una separación entre prostitución y trata de personas, ítem que busca derribar los cuestionamientos en relación a que la ley criminaliza el trabajo sexual.
La otra incorporación tiene que ver con una sugerencia del radicalismo y determina la incorporación como contenido curricular en las escuelas provinciales del estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de personas, así como los medios de prevención para no ser víctimas de este flagelo.
La normativa que quedó sancionada, tiene por objetivo clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.
El proyecto prevé la creación de un programa que se centrará en la desarticulación de las mafias y el crimen organizado que explota y esclaviza mujeres para someterlas a prostitución forzosa.
Asimismo, De la Sota dispuso la creación de la Secretaría de Prevención de Trata de Personas, con rango de secretaría de Estado, integrante del Gabinete provincial y dependiente del gobernador que estará al frente de la legisladora en uso de licencia María Amelia Chiófalo.
El documento prevé la adhesión de la Provincia al Decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional de prohibición de anuncios que promueven la oferta sexual con el objetivo de eliminar uno de los elementos que dan popularidad y promueven el conocimiento sobre la oferta sexual (Ver: De la Sota prohibirá el rubro 59 en Córdoba).