Advierten anomalías en la aplicación de la ley de lucha contra la Trata

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de la legislatura a instancia de la parlamentaria Alejandra Matar, presentó un proyecto mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo diversos aspectos referidos a la ley 10060, que tiene como objeto primordial el combate contra la Trata de Personas en la provincia, y que devino en el eventual cierre de whiskerías.

La autora del proyecto requiere pormenores acerca de los procedimientos realizados en cuanto a cantidad de locales clausurados, ubicación de cada uno; y nacionalidad de la personas identificados y /o demoradas en cada procedimiento.

En el caso de las personas de nacionalidad argentina, se exige explicaciones de las acciones orientadas a cumplir con el artículo 6° de la norma (aún sin reglamentar), en el que la autoridad de aplicación proveerá protección y contención suficiente a las personas –y a su entorno familiar- víctimas de la trata.

Cuando se tratare de personas extranjeras se solicita especificaciones del tratamiento legal que se realiza a las mismas, y en caso de deportación a sus países de origen, las diligencias concretadas para tal fin.

La legisladora Radical también indaga sobre el cumplimiento del artículo 7° de la ley 10060, reclamando detalles de quienes integran la “Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual” y sus funciones.

También, Matar exhorta detalles sobre acciones previstas para dar cumplimiento al artículo 8° (aún sin reglamentar), por el que se debiera incorporar como contenido curricular en las escuelas provinciales el estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de de personas y los medios de prevención para no ser víctimas de ese flagelo.

Finalmente, la iniciativa quiere conocer con exactitud si se ha creado partida presupuestaria específica para hacer posible la aplicación de la ley. En caso de respuesta afirmativa detallar designación de la partida, área en la que se la incluye y monto asignado.

“En momentos de la aprobación de la citada ley, sosteníamos que era una decisión política correcta y si bien no cambia totalmente las  realidades trágicas, producto de la ambición y falta de valores humanos de algunos, avanza en el combate de acciones delictivas que violan los derechos individuales”, dijo la legisladora.

“Pero también alertábamos al gobierno de Córdoba que, luego de sancionada esta norma, debería ir más a fondo creando programas de prevención y educación sobre el tema, planes de contención para las personas víctimas de estas acciones y su entorno familiar”, añadió la autora del proyecto.

Finalmente, la parlamentaria afirmó que el “poder de policía se debe cumplir a rajatabla y para ello es necesario contar con una fuerza policial idónea e incorruptible, que con su transparencia cree confianza entre los cordobeses; y una justicia dotada de las asignaciones  presupuestarias necesarias para castigar estos alevosos delitos que van contra la condición humana”.