A Medias

27/10/2009
Nacionales - Juicios que Cambiarán el País
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Tres represores fueron procesados por la muerte de Mario Abel Amaya, mientras que tres médicos imputados por encubrimiento fueron sobreseídos

El juzgado federal de Rawson procesó al ex mayor del Ejército, Carlos Alberto Barbot, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas por ser la víctima un perseguido político" en referencia a la muerte del abogado defensor de derechos humanos, Mario Abel Amaya. 

La confirmación la realizó el fiscal federal Fernando Gelves, quien sostuvo que "el juez Hugo Sastre así lo dispuso junto con otras medidas que incluyeron sobreseimientos que apelaremos", adelantó el integrante del ministerio público fiscal que sigue esta causa entre una decena vinculadas con la represión. 

Mario Abel Amaya murió  el 19 de octubre de 1976 en la cárcel porteña de Devoto, a la que fue derivado desde Rawson, tras permanecer en cautiverio en la unidad 6 donde fue sometido a apremios ilegales, según declaró ante el mismo tribunal Hipólito Solari Yrigoyen, detenido por similares razones. 

Por eso, además de Barbot fue procesado el ex director de la unidad 6 Osvaldo Fano bajo el delito de "torturas agravadas al igual que Jorge Steding (guardia cárcel) por el mismo cargo", explicó el fiscal federal. 

En esta causa fue sobreseído el médico forense Ezequiel Cablinski, a quien se le había imputado el delito de encubrimiento, al igual que los médicos Luis García y Juan Carlos Saleg, medidas estas últimas que "voy a apelar", prometió el fiscal federal. 

Gelves aclaró  que por esta misma causa fue sobreseído Jorge Rafael Videla, pero no por estar desvinculado al episodio que se analiza, sino porque ya fue juzgado en el conocido juicio a las juntas donde se trató esta muerte dentro de una extensa lista que probó la práctica genocida de la junta militar que gobernó desde el 24 de marzo de 1976. 

Barbot era por entonces el "hombre fuerte" del Ejército en Chubut, jefe del área militar 536, a la que entre otros le respondía el Servicio Penitenciario Federal que "reportaba información de lo que pasaba adentro", según detalló Gelves. 

Mario Abel Amaya fue dirigente gremial y militante de la Unión Cívica Radical, partido por el cual llegó a ser diputado nacional en representación de Chubut hasta el golpe de estado. 

Amaya estaba el día en que se entregaron los presos políticos que se evadieron en agosto de 1972 de la cárcel de Rawson que concluyó con la llamada "masacre de Trelew", donde fue uno de los que intercedió en la rendición, lo que motivó las sospechas de que el abogado había colaborado de la fuga. 

"Eso no está  en la causa, pero surge como dato de los interrogatorios a los que sometía a Amaya esta sospecha", reconoció el fiscal Gelves.