Ex oficiales del ejército intentan despegar a imputado por el secuestro del estudiante Álvarez García

Tres ex oficiales del Ejército, que conocieron al represor Rafael Mariano Braga, acusado de haber encabezado el grupo de tarea que secuestró a Julio Rolando Alvarez García el 21 de agosto de 1976 en Jujuy, intentaron despegar del hecho al imputado.

Julio Rolando Alvarez García tenía 26 años al momento de su secuestro y había militado en la Juventud Universitaria Peronista en Tucumán, donde padeció su primer secuestro en el mes de febrero de ese año y tras ser liberado retornó a Jujuy para trabajar en Ledesma como maestro, al igual que su esposa.

Braga y Luciano Benjamín Menéndez están acusados en este caso por "violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario" el primero, y "homicidio calificado en calidad e autor mediato" el segundo.

Gregorio Alfredo García Coni, declaró hoy desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires a través de videoconferencia y aseguró que "desconocía" si Braga trabajaba, además de oficial de inteligencia del GAM 5, en "coordinación con otras fuerzas" durante la represión militar.

El testigo propuesto por la defensa, ante una consulta, manifestó que Braga "no podía desfilar porque presentaba una renguera", producto de un accidente años antes y que en los desfiles no se mencionaba el nombre de los oficiales que lo hacían.

Pese a que estuvo durante los años 1975 al 77 en la unidad jujeña, manifestó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) que no había conocido al coronel Néstor Bulacios, quien era el Jefe de la Guarnición Militar Jujuy, pero además jefe del Área Operativa 323, luego del golpe militar.

Al comienzo del juicio de lesa humanidad el 12 de julio pasado, Braga había declarado que trabajó con el coronel Bulacios en el RI20, atendiendo a familiares que iban a preguntar por detenidos desaparecidos y llevaba una ficha de cada uno de ellos, que guardaba celosamente en una cajita de madera marrón.

Un ex jefe de Braga, en el Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana en Córdoba, Francisco Arturo Martínez, declaró desde la sede del TOF de Salta.

Manifestó que Braga llegó a la unidad en el mes de agosto del 76, pero no recordaba si estuvo en el cuartel antes o después del 23 de agosto.

Martínez relató que Braga tenía dificultades para caminar, no podía realizar actividad física producto de un accidente antes que él llegara al Grupo 141, el primer destino del imputado.

Cuando un abogado de la querella que representa a Inés Peña, esposa de Alvarez García, le preguntó si pudo quedar registrada la ayuda que pidió Braga, indicó que "no se debe haber registrado".

Roberto Bogone, oficial de Personal, desde Buenos Aires declaró que no recordaba que la licencia que dijo Braga que tuvo por 10 días del 13 de agosto de 1976 "haya pasado por mis manos".

Si bien el ex oficial relató con la minuciosidad reglamentaria con la que se confeccionaban los legajos y las calificaciones de los oficiales, aseguró que no estaba registrada la actuación de Braga en el área 323, ni tampoco el traslado a otro destino, que no se especificó, por un entredicho que tuvo el imputado con Domingo Bussi, entonces comandante de la 5ta Brigada.

"No necesariamente debía haber un informe de Bussi" respondió Bogone ante la consulta.

El TOF, presidido por el juez René Casas y los vocales Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín, resolvieron hoy el traslado del ex interventor de la cárcel de Jujuy en el proceso, Antonio Orlando Vargas, al complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, debido al estado de salud, desde donde podrá seguir las instancias del juicio con cinco expedientes acumulados, encontrándose involucrado en dos.

El médico, Jesús Chuquisaca, quien lo atiende en el Hospital San Roque Jujuy por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros problemas, realizó el informe ante el TOF.

El director del Hospital, Raúl Chomnale, subrayó que el nosocomio  es para enfermos de las vías respiratorias y hay un "alto riesgo" que pueda contraer una infección intrahospitaria.

La defensa del imputado había pedido el apartamiento de la causa.