Empleados públicos secuestrados en la dictadura se inscribirán como detenidos-desaparecidos
El Poder Ejecutivo dispuso la inscripción como "detenido-desaparecido" de más de un centenar de empleados públicos víctimas de la última dictadura cívico-militar en toda la documentación oficial, como "expresión de reparación histórica a las violaciones a los derechos humanos verificadas" entre 1976 y 1983.
Con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los ministros de Planificación Julio de Vido y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el Boletín Oficial publicó hoy el decreto 1199/2012 en el que figuran los nombres de 116 detenidos-desaparecidos, según consta en los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
En la lista están Damián Abel Cabandié -padre del legislador y nieto recuperado Juan Cabandié-, Raúl Bonafini -hijo de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini-, y otros empleados públicos que en sus legajos figuraban como de "baja", "cesante", "suspendido", "limitar los servicios" y "despido".
El artículo 3º, indica que la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá a su cargo la coordinación de la recopilación documental respecto de los empleados en similar situación que la referida en el artículo 1° del presente decreto en las restantes jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional".
Además, se invita a las entidades sindicales con ámbito de actuación en el sector público nacional y a los organismos de derechos humanos a "colaborar en la identificación de los trabajadores estatales víctimas del terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, con la obtención de la documentación pertinente y demás acciones a su alcance".
El decreto remite al acuerdo celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, y el Archivo Nacional de la Memoria, organismo de la Secretaría de Derechos Humanos y ratificado por el Ministerio de Planificación el 18 de diciembre de 2008.
En los considerandos se señala que "se hace necesario rectificar esta situación por constituir una flagrante adulteración documental de los sucesos reales que trajeron como consecuencia la desaparición ilegal de las personas y, por ende, de su condición de empleados públicos".
En tal sentido, el decreto señala que "es responsabilidad del Estado Nacional generar las acciones de reparaciones consecuentes y asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva ante las actuales y futuras generaciones, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y consecuencias".