Presos y Secos
Ratificaron la ampliación de procesamientos con prisión preventiva de 39 imputados por violaciones a los derechos humanos cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. Entre los procesados se encuentran Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y Ricardo Miguel Cavallo.
En este sentido, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó parcialmente ayer una resolución del juez federal Sergio Torres, y ratificó embargos sobre los bienes de los imputados por un total de 7.139 millones de pesos.
En esta causa también se encuentran procesados Eugenio Bautista Vilardo, Hugo Enrique Damario, Carlos Eduardo Daviou, Miguel Angel García Velasco, Claudio Orlando Pittana, Pablo Eduardo García Velasco, Edgardo Aroldo Otero, Ernesto Frimón Weber, Roberto Pérez Froio, Antonio Vañek, Julio Antonio Torti, Antonio Pernías.
También están en la misma situación Rogelio José Martínez Pizarro, Carlos Orlando Generoso, Víctor Francisco Cardo, Jorge Carlos Rádice, Manuel Jacinto García, Paulino Oscar Altamira, Juan de Dios Daer, Daniel Néstor Cuomo, Miguel Angel Alberto Rodríguez, Rubén Oscar Franco, Carlos Jaime Fraguío, Raúl Ernesto Schelller, Oscar Rubén Lanzón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Savio, Juan Carlos Rolón, Eduardo Morris Girling, Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Fotea, Juan Antonio Azic, Raúl Jorge González, Jorge Luis Magnacco y Alberto Gabriel Vigo.
Dentro de la causa se investigan y enjuician los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las Madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, Dagmar Hagelin, el periodista Rodolfo Walsh, los secuestros de los bebés Victoria Donda y Juan Cabandié, entre otras.
El primer juicio oral, dentro de la megacausa ESMA, se inició el 18 de octubre del 2007 contra Héctor Febres por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. No obstante, el 10 de diciembre de ese año, Febres murió envenenado con cianuro en su celda.
Mas tarde, el 17 y 18 de diciembre del 2008, la Sala II de la Cámara de Casación Penal estableció la liberación de varios de los represores acusados de delitos de lesa humanidad en la megacausa ESMA. La decisión se tomó considerando que el tiempo que los acusados llevaban detenidos sin estar condenados habían superado el plazo establecido por la ley y, por ende, resolvieron no prorrogar su detención.