Denuncian a la empresa de la esposa de Macri por trabajo esclavo
La empresa de ropa infantil perteneciente a Juliana Awada, esposa del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, fue denunciada penalmente ante la justicia por “trabajo esclavo” en un taller clandestino bajo la modalidad “cama adentro”, que producía exclusivamente para su marca.
La denuncia contra la marca Cheeky, perteneciente a la esposa de Macri, quedó radicada ante el juez federal Sergio Torres, tras una presentación hecha hoy por la Fundación La Alameda que adjuntó a modo de prueba un video tomado por una de las víctimas de esa explotación, en un taller de confecciones que ocupa a 13 personas en el barrio de Mataderos.
“Los trabajadores que allí se desempeñan deben hacerlo con el régimen de “cama adentro”, es decir que deben pernoctar en el lugar de trabajo”, con jornadas laborales de 7 a 21 y medio día del sábado, a cambio de lo cual reciben un sueldo de 1.800 pesos mensuales, con cama y comida, deja constancia la denuncia.
Para poder salir del taller, ubicado en la calle Hubac 5673, los costureros, en su mayoría de nacionalidad boliviana y algunos indocumentados, deben dejar en depósito sus pertenencias a la persona que regentea el lugar, para garantizar que regresarán.
La denuncia es contra el responsable del taller, identificado como "Pepe", por violación de la ley 12713 de trabajo a domicilio, excediendo la jornada laboral legal y pagando sueldos inferiores a los legales, y contra Awada, no individualizada en el escrito pero si su empresa, por tercerizar su producción en este taller.
Según el artículo 35 de esa norma, “el empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años”.
Se trata de la segunda denuncia que la fundación, focalizada en perseguir las diversas variantes del trabajo esclavo condenado por la OIT, realiza contra Awada.
La primera fue realizada en el 2007 y recayó en el entonces juez federal Guillermo Montenegro, quien no le dio curso y poco después dejo el cargo para asumir como ministro de justicia de la administración macrista.