Señalizaron el complejo Ledesma como un sitio donde se ejerció el terrorismo de Estado
El complejo industrial Ledesma quedó señalizado hoy como uno de los sitios en los que se llevo a cabo el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, en el marco del trabajo que lleva adelante la Red Federal de Sitios de Memoria.
El acto se realizó este mediodía en la entrada del complejo, sobre la ruta 34, en la esquina de Av. Wollmann y Av. Uriburu, donde se descubrió el cartel de 2 x 3 metros que describe el funcionamiento de la represión ilegal en la zona y la participación de la empresa Ledesma.
Autoridades nacionales, provinciales y municipales, junto con sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y otras organizaciones políticas y sociales participaron de la jornada en la que más temprano se señalizó la comisaría 41 de Calilegua.
Jorge Ale, intendente del municipio Libertador San Martín; Horacio Pietragalla, diputado nacional de Frente para la Victoria; Judith Said, Coordinadora General del Archivo Nacional de la Memoria; Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y Milagro Sala, referente de la organización Tupac Amaru; fueron algunos de los que estuvieron presentes.
Pietragalla, uno de los oradores, afirmó que “Ledesma fue cómplice de la dictadura militar que nos tocó sufrir a todos los argentinos, como lo fue el poder económico de este país".
A menos de 24 horas del inicio del juicio oral por el esclarecimiento de los hechos conocidos como la "Noche del Apagón" de 1976, en la que más de 400 trabajadores del ingenio fueron secuestrados y más de treinta desaparecieron, Pietragalla expresó que "este es un paso más en el proceso de lucha y memoria".
"El juicio -en el que deberá prestar declaración el presidente de la empresa, Carlos Pedro Blaquier- es parte de la sintonía fina en derechos humanos de la que habla de la Presidenta, y es seguir demostrando que acá hubo una dictadura no sólo de militares sino que también hubo responsabilidad civil y económica", enfatizó el diputado.
Ernesto Samán, quien estuvo detenido en las instalaciones de Ledesma, agradeció a la CTA y a la dirigente Milagro Sala "el trabajo realizado para que los responsables de las desapariciones y detenciones vayan presos en el marco de la Memoria, la Verdad y la Justicia".
Por su parte, Milagro Sala expresó que "en América Latina durante mucho tiempo esclavizaron a los hermanos originarios y Ledesma fue uno de esos lugares” y evocó a Olga Arédez, la viuda del desaparecido intendente de Libertador General San Martín, Luis Arédez, como "ejemplo de lucha, al igual que a las Madres y las Abuelas".
Otro de los oradores fue Franco Vitali, subsecretario de la Jefatura de Gabinete nacional, quien aseguró que "los militares eran el instrumento de los grupos económicos que manejaban los hilos del país" y recordó que, "fue Néstor (Kirchner), quien después de un apagón de ideas, vino a recordarnos que la lucha por los derechos humanos es diaria".
Al momento de hablar, Lita Córdoba, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, denunció que "los detenidos en Calilegua fueron sacados en camionetas y trailers de la empresa".
El ministro de gobierno, Oscar Insasuisti; la secretaria de Derechos Humanos, Natacha Freigo; el titular del INADI, Germán Noro, fueron algunos de los funcionarios jujeños presentes.
También estuvieron la intendenta de Calilegua, Elsa Flores y el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Marcelo Santillán.
Las organizaciones sociales que señalizaron el complejo Ledesma, se trasladaron luego en caravana hacia un puesto de Gendarmería y la comisaría 24ta., donde también se aplicaron torturas a militantes políticos durante la dictadura. El puesto de Gendarmería queda a unos 150 metros de La Rosadita, la residencia de la familia Blaquier dueña del complejo Ledesma y al lado está la comisaría.
Sobre el juicio que empieza mañana, Raúl Noro, secretario de Comunicación de la agrupación Tupac Amaru, dijo a Télam que "esperamos movilizar mañana tanta gente como lo hicimos el 24 de marzo de este año".
El acto del 24 de marzo convocó a decenas de miles de personas tuvo y tuvo una consecuencia: derivó en la renuncia de un juez altamente cuestionado, Carlos Olivera Pastor, que se negaba a incluir a Blaquier entre los imputados por responsabilidad civil en los secuestros.