HIJOS Córdoba celebra el fallo contra Videla
La fundación Hijos de la provincia de Córdoba celebró ayer el fallo judicial contra los represores Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Antonio Vañek, Jorge "El Tigre" Acosta, Víctor Gallo, Juan Antonio Azic, Jorge Luis Magnacco e Inés Susana Colombo.
“A 35 años de cometidos los más de 500 robos de bebés, hoy por fin la Justicia condenó a los máximos responsables. Y las condenas fueron ejemplares”, manifestó la asociación mediante un comunicado de prensa.
“Hoy es un día histórico para todos los argentinos y para la comunidad internacional. En ningún otro lugar del mundo la apropiación de menores fue juzgada y condenados sus responsables. Es inédito este fallo que ordena también ampliar las investigaciones en torno al ex capellán de la Armada, el Obispo Graselli y a personas vinculadas al llamado "Movimiento Familiar Cristiano" que habrían intervenido en hacer posible estos delitos”, manifestaron.
“En Argentina se implementó desde el Estado un Plan Sistemático de Robo de Bebes. El objetivo era sustraerles su identidad negándoles saber quiénes eran, quiénes fueron sus padres y que toda una familia los estaba buscando”, manifiestan.
Además, resaltaron la implicancia en el juicio del trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo.
“Este juicio fue posible gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo que lograron transformar su incansable lucha por restituir la identidad a esos niños, hoy jóvenes, en un reclamo de toda la sociedad”, expresan.
Asimismo, explican que el Terrorismo de Estado impuesto por la última dictadura militar “no sólo tuvo como objetivo la desaparición forzada de personas sino también la apropiación de menores, los cuales después de ser separados de sus familias eran entregados a amigos y conocidos de militares y policías o criados por los propios asesinos de sus padres biológicos y con la connivencia de la Justicia y de sectores de la Iglesia Católica”.
En tanto, no dejaron de resaltar que todavía quedan alrededor de cuatrocientos jóvenes que siendo apropiados por dictadores aún no han recuperado su identidad.
“no podemos olvidar que hay más de 400 jóvenes que aún hoy no conocen su identidad y este fallo nos da más fuerza para seguirlos buscando porque tienen derecho a saber quiénes son y poder decidir qué hacer con su historia”.
Finalmente, aseguraron que acompañan el pedido del Tribunal de digitalizar para su correcta manutención todo el material recogido en este proceso, para que sirva en otras investigaciones y para el archivo de la memoria.
Cabe recorar, que ayer la justicia argentina reconoció formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebes a mujeres secuestradas durante la última dictadura, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros ex represores. (Ver: Condenaron a Videla a 50 años de prisión en la causa por robo de bebes)
El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) condenó además en la misma causa a 30 años de prisión al ex marino Jorge "Tigre" Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA durante la dictadura, y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone, último presidente de facto (Ver: Mañana serán las últimas palabras de Videla, Bignone y Acosta por robo de bebés).
Al dictar condena en esta causa iniciada hace dieciséis años por las Abuelas de Plaza de Mayo -por crímenes cometidos hace más de tres décadas-, el TOF 6 resolvió unificar en esa única pena la actual y las dos anteriores condenas a perpetuidad que ya tenía Videla.
En el mismo fallo, el tribunal condenó al almirante Antonio Vañek, que comandó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) a 40 años de prisión; y al ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Rivero a 20 años de prisión.
En ambos sitios bajo jurisdicción de la armada y del Ejército se cometieron la enorme mayoría de los 35 delitos puntualmente ventilados durante los últimos quince meses en este juicio.
La causa conocida como Plan Sistemático arrancó el 30 de diciembre de 1996 con una presentación de Estela de Carlotto y María Isabel “Chicha” Mariani, que aprovecharon el vacío jurídico que dejaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para denunciar la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas.