Culminaron los alegatos y mañana se leerán las sentencias del cuarto juicio en Misiones
Con la exposición de los alegatos de la defensa de los imputados concluyó hoy la primera parte del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Misiones y ahora resta escuchar las sentencias que serán leídas mañana a partir de las 8, según adelantó hoy el Tribunal Penal Oral.
El último alegato lo hizo el defensor del imputado Guillermo Mendoza -que se desempeñaba como médico forense en la época de la dictadura-, César Ortellado, quien solicitó la absolución de su defendido y desacreditó las acusaciones de la querellante por el gobierno provincial, Amelia Rosa Báez, actual subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia y víctima de secuestro y tormentos durante la última dictadura cívico militar.
Báez, rechazó cada una de las acusaciones de Ortellado y señaló que espera confiada, "en que se haga justicia", la lectura de las sentencias que se realizará mañana.
"Esperamos 36 años para que los familiares y las víctimas tengan algo de alivio y algo de paz en sus corazones con el castigo a estos represores que no tuvieron piedad con los inocentes en su momento y ahora intentan desacreditarnos aún sabiendo que persiste en nuestra memoria los años de horror sufridos en esa época", sostuvo Báez visiblemente emocionada.
La titular de Ministerio Público Fiscal, Vivian Barboza, solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva para el médico Guillermo Mendoza, acusado de "partícipe necesario" en el cargo de imposición de tormentos.
En tanto, que la mayor pena en este juicio, 25 años de prisión efectiva, la fiscal Barboza solicitó para el coronel Omar Herrero, ex jefe de la policía provincial, como autor mediato en 38 casos de los delitos de "violación agravada", "privación ilegítima de la libertad" y "aplicación de tormentos agravados por su condición de funcionario público".
Para los otros dos imputados, Carlos Alberto Pombo y Julio Amarilla, se solicitó la pena de 20 años de prisión también como "partícipes necesarios" en los mismos delitos mencionados anteriormente.
Al fundamentar la solicitud de las distintas penas, Barboza indicó que "estos ex policías formaban parte de una estructura legal y pasaron a actuar en la ilegalidad amparados en la impunidad que les otorgaba el poder de pertenecer a esa estructura".
Adenás insistió en que los imputados "eran funcionarios públicos y conocían la Constitución y el Código Penal pero aún así se prestaron a la comisión de estos crímenes aberrantes".