Destituyeron a Lugo y asumió el vicepresidente
Fernando Lugo fue destituido hoy de la presidencia de Paraguay y reemplazado por el vicepresidente, Federico Franco, al cabo de un polémico proceso de juicio político considerado por varios países de la región como un golpe institucional.
Una votación que terminó con 39 senadores a favor de la destitución y cuatro en contra, producto de la alianza de todas las fuerzas opositoras que pergeñaron el trámite parlamentario, determinó la salida del cargo de Lugo, después de 1376 días al frente del Palacio de López.
Una vez conocido el resultado de la sentencia, Lugo dio un mensaje en el que aceptó el fallo del Congreso "aunque la ley haya sido torcida" y llamó a que cualquier manifestación en las calles sea "pacífica", para que "la sangre de los justos no se derrame nunca más por causas mezquinas".
Esta noche Franco asumió la primera magistratura del país, y en su primer mensaje convocó a todos los paraguayos a hacer su aporte para que el país supere los "momentos difíciles" que atraviesa y se manifestó respetuoso de la Constitución y los tratados internacionales firmados por Paraguay.
No obstante, los cancilleres de los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) adelantaron que analizarán la situación surgida tras el polémico proceso parlamentario.
Ni las masivas manifestaciones de respaldo al ex obispo en las calles y rutas, ni los pronunciamientos de casi todos los presidentes de la región, ni tampoco la presencia de los cancilleres de la Unasur en Asunción pudieron torcer una decisión que pareció preparada desde mucho antes de la jornada de hoy.
Desde el mediodía se sucedieron a una velocidad inusitada -"un juicio express", había dicho Lugo por la mañana- la defensa de Lugo, la presentación y evaluación de pruebas, los alegatos de las partes y la sentencia.
Al ahora ex presidente se lo responsabilizó por la muerte de 17 personas -11 campesinos y 6 policías- durante el operativo de desalojo de una hacienda ocupada por sin tierras, en la localidad de Curuguaty, al noreste del país.
El documento acusatorio contenía sólo cinco argumentos contra el todavía jefe del Estado: la masacre de Curuguaty, una pasada reunión de jóvenes socialistas en la sede de las Fuerzas Armadas, la firma del protocolo de Ushuaia II, la inseguridad, y la promoción de las ocupaciones de tierras.
A la votación se llegó después de que los abogados de Lugo, que eligió no presentarse en persona ante el Senado, pidieron la nulidad del proceso, desestimaron los argumentos de la acusación, cuestionaron los plazos del mecanismo y denunciaron un virtual golpe de Estado legislativo.
En similares términos se expresaron bloques y organismos internacionales, que aunque admitieron que se siguió un mecanismo constitucional, advirtieron que se trató de un "golpe institucional".
En los 39 votos de la destitución se unieron las bancadas de los partidos Colorado, Liberal Radical Auténtico (PLRA) -ex aliado de Lugo- y Patria Querida y de la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace). Votaron a favor del cuestionado mandatario tres luguistas (Sixto Pereira, Carlos Filizzola y Alberto Grillón) y el liberal Luis Wagner Lezcano.
Casi en simultáneo con la difusión de la destitución, en las afueras del Congreso chocaron seguidores de Lugo y la policía, que reprimió con gases, chorros de agua y balas de goma la concentración contraria al proceso convocada por el Frente Guasú, la estructura más cercana al ahora ex presidente.
En la sede gubernamental, Lugo anunció que aceptaba el fallo del Congreso, aunque aclaró que en ese proceso fueron "transgredidos todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa".
"No es Lugo, es la historia y la democracia paraguaya la que fue herida profundamente. Me despido como presidente, pero no como ciudadano. Voy a servir a esta nación allí donde me necesite. Lugo no responde a la claque política, ni a las mafias, ni al narcotráfico", remarcó Lugo, con su equipo de gestión como escolta.
Tras la sentencia, parte de la expectativa se trasladó hacia la actitud que podían adoptar los países integrantes de la Unasur, porque apenas dos horas antes el bloque había advertido que el juicio político representaba una "amenaza de ruptura del orden democrático".
Tras reunirse con Lugo primero y con Franco después, el grupo de cancilleres que viajó de urgencia a Asunción dio a conocer una declaración en la que advirtió que el mecanismo activado por el Congreso "podría ser comprendido" entre la ruptura del orden constitucional contemplado por los tratados del Mercosur, la Unasur y la Celac.
Una postura también crítica adoptaron los países integrantes del Alba, que, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, equipararon el juicio político con un golpe de Estado.
Casi inmediatamente después de que Lugo pronunciara su discurso, el liberal Federico Franco juró esta noche en el Congreso de Paraguay como nuevo presidente del país, en una ceremonia en la que pidió ayuda de todos los partidos y organizaciones y se comprometió a "respetar la Constitución, los compromisos y los tratados internacionales".
De traje oscuro, con la banda cruzada sobre el pecho, Franco adelantó además su intención de completar el período del destituido Fernando Lugo y ejercer el mando hasta el 15 de agosto de 2013, para entregarle el poder "a otro paraguayo o paraguaya elegido democráticamente".
"Paraguay vive momentos difíciles. Y el compromiso más grande sólo será posible con la ayuda y colaboración de cada uno. El país debe ser construido entre todos los sectores", remarcó Franco.
El ahora mandatario insistió en su compromiso de "respetar las instituciones democráticas y el estado de derecho, y honrar las deudas" y dejó en claro que no expresaba "odios ni rencores".
Pidió además colaboración a los partidos con representación parlamentaria y evaluó que "la mejor manera de honrar a los muertos" de la masacre de Curuguaty del viernes pasado es "iniciar el verdadero desarrollo".
Interrumpido por aplausos en varias ocasiones, Franco relató que en su reunión con los cancilleres de la Unasur les expresó su decisión de "mantener un respeto irrestricto a la Constitución, las leyes y los tratados y acuerdos internacionales" que tenga firmado el país.
Además, prometió que se velará por los derechos humanos, que "la cuestión social será prioridad" y que trabajará para lograr fondos para comprar tierras de modo de poder entregarla a los campesinos "por la sangre derramada" en algunas ocupaciones.
"No pretendo hacer un programa porque vamos a continuar absolutamente todo lo que se hizo bien desde el 2008. Todo lo exitoso y beneficioso vamos a continuarlo", subrayó, y se pronunció en favor de utilizar la energía que produce Paraguay "para industrializar el país".
"Debe haber una política de Estado energética que permita usar lo que genera Itaipú y Yacyretá para crear industrializar el país y que ningún ciudadano tenga que ir a buscar empleo a otro lado", afirmó, y manifestó que se "resiste a pensar" que Paraguay deba "ceder su energía a países vecinos".
Franco destacó también que tiene "ganas, voluntad, experiencia y salud", y puso de relieve su deseo de "entregar un país organizado, sin más muertes, con tolerancia, sin rencores".
Finalmente, evaluó que el Chaco paraguayo "debe ser la puerta de llegada de Asia para América, y servir para que el Atlántico y Pacífico se unan".
Por otra parte, Franco designó esta noche a dos ministros que integrarán su gabinete y al comandante de la Policía Nacional.
Anunció que José Félix Fernández Estigarribia será el nuevo canciller y Carmelo Caballero el ministro del Interior.
También designó a Aldo Pastore como nuevo comandante de la Policía Nacional y explicó que el senador liberal Miguel Abdón Saguier "se excusó" de aceptar el ofrecimiento para ser ministro de Defensa Nacional porque "quiere seguir siendo senador", según reportó la agencia de noticias DPA.
"Mañana me instalaré a las ocho de la mañana para seguir conversando y adoptar las otras medidas" necesarias, entre ellas completar el gabinete ministerial que provocó cinco vacantes este jueves, por la renuncia de los ministros liberales.
El flamante presidente dijo también que "quienes asuman como ministros deberán trabajar hasta agosto" del año próximo, cuando se entregará el gobierno a las nuevas autoridades que surjan de las elecciones nacionales, programadas para abril.