Juecistas pidieron que se investigue a Passerini por su supuesta vinculación con trata de personas
El bloque del Frente Cívico (FC) de la Legislatura de Córdoba solicitó hoy en la fiscalía general de Córdoba que intervenga en la investigación en relación a la supuesta vinculación que existiría entre el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Daniel Passerini, con una causa -asentada en Bell Ville- sobre la trata de personas.
En este sentido, el presidente del bloque de legisladores juecista, Roberto Birri, explicó que “tenemos la obligación de solicitar que se investiguen todas las acciones concretas que puedan encuadrar ilícito penal y más aún cuando quien podría estar involucrado es un funcionario público”.
Agregó que “hemos advertido que tanto en la causa que tramita la Justicia Federal de Bell Ville como en la última edición de la Revista Sur, se vincula al ministro de Desarrollo Social con hechos de trata y explotación sexual en el este de la provincia”.
“El tema de la trata es una cuestión compleja y sensible que forma parte de la agenda diaria de los cordobeses al punto tal que la semana pasada se dictó una ley para luchar contra la trata por lo que resulta, a nuestro juicio, menester investigar si un integrante del gabinete del Gobierno, que pretende ponerse a la cabeza de la lucha contra la trata, pueda estar involucrado con el tema”, enfatizó Birri.
Por su parte, la legisladora Liliana Montero, vicepresidenta del bloque del FC, sostuvo que “por donde se lo mire es grave. En primer lugar porque estamos hablando de una causa que dataría del año 2010 por lo que, si el Ministro no tiene nada que ver con la trata de personas, la no resolución de la causa afecta su buen nombre y honor”.
“Si por el contrario, el ministro está involucrado ya sea porque conocía lo que sucedía en ‘El Quincho’ (nombre de la Whiskería), es doblemente grave en tanto ejerce una función pública central en la provincia”, añadió.
Lo que los parlamentarios le pidieron a la Fiscalía es que investigue si hay algún vínculo de connivencia entre el funcionario provincial y el dueño del prostíbulo que en la actualidad se encuentra preso.
Cabe recordar que el pasado 30 de mayo se aprobó la ley contra la trata de personas (Ver: Sin respaldo unánime, se sancionó la ley contra la Trata de Personas), iniciativa del gobernador José Manuel De la Sota, que fue rechazada por el Frente FC y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) al calificar la propuesta oficialista de “liviana con el proxeneta y criminalizadora con la mujer”.
La normativa que quedó sancionada tiene por objetivo clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.