Cristina le pidió a Tomada que tome medidas para normalizar la situación con camioneros
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó hoy que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordenó "ejercer todas las facultades" que posee la cartera laboral para "restablecer la normalidad y el funcionamiento sin conflictos" de las actividades afectadas por el paro del gremio de Camioneros.
Tomada salió al cruce de las declaraciones emanadas desde la parte sindical, en las que se argumentaba la desobediencia a la conciliación obligatoria, por considerarla "extemporánea", y sostuvo que "el ministerio está habilitado para dictarla" ante la amenaza de una media de fuerza que afecte a la ciudadanía.
"Se ha desnaturalizado la negociación colectiva", reconoció el titular de Trabajo, y relató que durante las dos reuniones realizadas, y aunque faltaba mucho por revisar, se habían mejorado las ofertas por parte del sector empresario: "Si hay voluntad de consenso para, de verdad, resolver el problema, siempre aparece la solución".
Mientras tanto el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, aseguró que "ningún gremio de la CTA adhiere" al paro nacional anunciado por el secretario general de la CGT Hugo Moyano.
También el Secretario General de Smata, Ricardo Pignanelli, expresó la posición de su sindicato contraria al paro. En tanto acusó que afecta el transporte de combustibles en todo el país y aseguró que este tipo de medidas "no hace bien a nadie" y que "hay que apoyar el modelo ahora más que nunca".
El gremialista dijo también que "no es esta la forma de reclamar" porque "se ha mezclado todo", en referencia al reclamo salarial y al del impuesto a las ganancias.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijo hoy que "lo que hace el sindicato de camioneros es inadmisible". Denuncian que "cuando busca más afiliados bloquea las puertas de las fábricas y comercios, y ahora cuando discute salarios deja a la población sin combustible con los riesgos que eso significa".
El titular de la Cámara de Exportadores de Granos y de la Industria Aceitera, Alberto Rodríguez, reconoció que desde el sector miran con "preocupación" esta medida de fuerza. "Si bien hasta el momento no tenemos ningún problema, estas medidas afectan a toda la producción, si esto llegara a extenderse y alcanza al transporte de granos, podrían faltar divisas”.
Por otro lado, el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, aseguró que los trabajadores no pueden extorsionar al Estado y sostuvo que Gendarmería garantizará el abastecimiento de combustible.
"Algunos trabajadores que no están de acuerdo con la medida de fuerza trabajarán, porque entienden la importancia de la energía para las poblaciones de país", remarcó.
El ministro de Salud, Juan Manzur, instó a los camioneros a volver a la “racionalidad y la cordura” y consideró “fuera de la ley” al conflicto.
El ministro sostuvo que “se está poniendo en riesgo también la prestación de servicios esenciales como la salud”, ante la falta de suministro de combustibles a ambulancias y aviones sanitarios que se necesitan para garantizar la logística sanitaria y la provisión de insumos.
"En toda medida sindical hay que encuadrarse dentro de la ley, y este paro básicamente está fuera de la ley, por lo tanto lo que le pedimos es volver a la racionalidad, volver a la cordura”, insistió Manzur.
El ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Norberto Yauhar, advirtió sobre el impacto del paro en la actividad del sector, y sostuvo que "a veces algunos no se dan cuenta del daño que le están haciendo al esquema productivo".
"Para poner un ejemplo", ilustró el ministro, "los arroceros necesitan el bombeo del agua permanente y sus motores funcionan a gasoil, por eso corremos el riesgo de que toda esa cosecha pueda llega a perderse en algún lugar, porque no tienen la cantidad de agua suficiente".
El ministro opinó que "hay que hacer otro tipo de reclamo, donde se atienda el derecho a huelga a peticionar y a discutir una paritaria, pero que obviamente no afecte a la economía argentina como en un paro de estas características".
También el subsecretario General de la Presidencia y titular de la Concertación Forja, Gustavo López, estimó que el conflicto con el Sindicato de Camioneros excede los términos de un problema gremial y consideró que "el modelo se defiende desde adentro".
"¿Quienes se beneficiaron con la expansión de la economía, el blanqueo de puestos de trabado y la generación de empleo formal, sino los propios trabajadores?", destacó el funcionario del Gobierno.
"Lamentablemente algunos compañeros que lucharon contra el neoliberalismo y luego acompañaron este proceso transformador, hoy vuelven a perder de vista el horizonte y terminan anunciando paros en las cadenas de televisión de los grupos concentrados", se lamentó López.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, afirmó que “no hay derecho ejercitable en el país si no hay circulación ni transporte” y destacó “el único que pierde con estas medidas es el país y toda su gente”.
“Necesitamos que las ambulancias puedan circular y no que se paren por falta de combustible. Necesitamos tener trenes y colectivos para que la gente vaya a trabajar. Los intendentes de los pueblos del interior están sin combustible ni gas y a eso lo sufren todos los vecinos. Necesitamos el combustible para la industria, el comercio, para sembrar la tierra, para cosechar y para llevar los granos al puerto”, expresó Domínguez.
“El desabastecimiento no es una práctica de los trabajadores, porque son los que la sufren. Somos 40 millones de argentinos los que conformamos el país y necesitamos una actitud constructiva para superar este conflicto”, sostuvo Julián Domínguez.
El senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, sostuvo que "el gobierno no ha cambiado en su forma de pensar desde mayo de 2003" y señaló que el titular de la CGT "ha encontrado una razón para cruzarse de vereda" y "dejar de lado un proyecto que comprende integralmente a los trabajadores".
Fernández dijo no comprender "porque actúan de esa manera", y señaló que a pesar de lo consolidado que está el gobierno, las medidas adoptadas por los sindicalistas tienen un "enorme gesto golpista".
Mientras el senador nacional Miguel Pichetto, jefe del bloque del FpV en el Senado, opinó que "es un hecho muy grave, lamentable y desestabilizante, con un evidente componente político en el reclamo".
"Los trabajadores tienen derecho a reclamar dentro de los ámbitos propios de la discusión salarial en las paritarias, pero lo que no puede hacer el gremio de camioneros es tener de rehén a la sociedad", afirmó el parlamentario en declaraciones a Télam.
"Hay una situación muy complicada en todo el país, por la falta de combustible", añadió Pichetto, y dijo también que "si Hugo Moyano va por más será un hecho muy grave para el país y seguramente el gobierno y la presidenta, que tiene mucha autoridad y fortaleza, actuarán de acuerdo al marco de la ley".
El diputado nacional Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) consideró que "el paro nada tiene que ver con la discusión salarial, porque el ámbito natural para discutir salarios son las paritarias y el gremio se ha levantado y no ha querido dialogar", afirmó el legislador bonaerense en declaraciones a Télam.
También el diputado nacional Omar Perotti señaló que "las medidas que vienen llevando adelante desde el gremio de camioneros luce desproporcionada ante el esfuerzo que los argentinos ponen para que el país pueda seguir creciendo.
"Esta medida toma de rehenes a los 40 millones de argentinos", aseguró el legislador, al tiempo que afirmó que "el resto de los sindicatos están utilizando la herramienta de la convención colectiva de trabajo, espacio que el país recuperó y está al servicio para que trabajadores y empleadores discutan las condiciones de trabajo y el salario".
Asimismo, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó que Moyano "es un extorsionador" y que "el país se está dando cuenta de ello".
Urtubey dijo que “Moyano es un piantavotos”, ya que apadrinó la lista de Walter Wayar que se ubicó en tercer lugar y no alcanzó el 9%.
Asimismo, en alusión al secretario general de la CGT sostuvo que en esa oportunidad “vino a Salta a hacer campaña, tuvo duros adjetivos para conmigo y creo que me dio una mano”, se informó en un comunicado.
Por su lado, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó los alcances del paro y sostuvo que "el reclamo de un sector no puede estar por encima del bienestar de toda la sociedad".
En tal sentido, remarcó que "esta medida no afecta solamente a las grandes ciudades, sino también a nuestros pequeños parajes, donde se complicará la llegada a los mismos, en muchos casos, con elementos de primera necesidad", dijo también.
Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos, también cuestionó la medida y consideró que "dejar al país sin combustibles es un acto que sobrepasa cualquier tipo de reclamo sectorial y genera decenas de situaciones que ponen en riesgo la tranquilidad pública y, en situaciones extremas, quizás puede ser que hasta la vida de algunas personas".
"Más allá de las cuestiones que se dirimen en las paritarias, (el de camioneros) ha sido el sector que más aprovechó el crecimiento del país provocado por este modelo y este gobierno”, recalcó Urribarri.
El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, por otro lado, repudió el paro y consideró que "es una medida totalmente injustificada", que "va claramente en contra de la gente”.
Buzzi cuestionó al gremio que conduce Hugo Moyano y su hijo Pablo, como secretario adjunto, y dijo que "se dicen peronistas" y no tienen en cuenta que "los que menos tienen son los más afectados por este tipo de medidas".
En este sentido, la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, opinó que el paro realizado en las últimas horas “tuvo más características de disputa de poder que de cuestión genuina vinculada con el derecho de los trabajadores”.
La mandataria fueguina observó que si bien “la existencia de un conflicto sindical habilita un paro”, ello no puede darse “en el marco de una paritaria abierta y que todavía no había concluido”.
Al referirse a las acciones impulsadas por Moyano, la gobernadora enfatizó que “un reclamo de índole sectorial no pude afectar ni tener de rehén a toda una sociedad”, a la vez que pidió “racionalidad” y “capacidad de negociación” a la dirigencia sindical.
Por su parte, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, pidió "en forma urgente" el levantamiento del paro porque "se está afectando la producción, las inversiones, el trabajo de los argentinos y la paz social".
Por su lado, el diputado provincial por el FPV, Fernando "Chino" Navarro, calificó de "irracional" la decisión de Moyano y remarcó que esta medida "sirve a los grandes grupos económicos".
"Aquellos que honestamente apoyan a Moyano como secretario general de la CGT deberían analizar por qué ahora habla en TN, dejando a las claras que ya se muestra como dirigente de la oposición", remarcó.
Aseguró que Moyano "ha tomado una posición en contra del gobierno que más ha hecho por los trabajadores en los últimos años".
Además el diputado nacional Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro) calificó de "acto demencial" el paro, al tiempo que definió como una "clara medida destituyente" contra el gobierno de la presidenta nacional.
"La medida sale de las márgenes del reclamo sindical para desplazarse a la confrontación política", afirmó el legislador en declaraciones a Télam acerca del paro de la rama del transporte de combustibles iniciado el martes y al que se agregó el de todo el gremio de camioneros para el viernes.
También se expresó sobre el tema la Asociación de Pequeñas y Micro Empresas y afirmó que el paro dispuesto por el sindicato de Camioneros "es una extorsión que desprovee al país de combustibles claves para la actividad productiva, los transportes en general y la vida cotidiana".
En un comunicado, la entidad señaló que "el hecho nos retrotrae al lock out patronal del las entidades agropecuarias en el 2008, donde a partir de intereses particulares se decide una medida mezquina que afecta profundamente a los sectores trabajadores porque detiene el ritmo de la producción, lo que afecta peligrosamente su fuente de trabajo".
El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Arrieta, llamó a la "reflexión" a "aquellos compañeros, hermanos de esta Patria que están equivocando el camino para dirimir otras cuestiones".
El ministro consideró que "no se puede ni se debe dirimir un conflicto gremial en el marco de la democracia y de la ley, perjudicando a los actores productivos. Pero sobre todo a aquellos que por su vulnerabilidad pueden ser los primeros en pagar las consecuencias de tamaño desacierto".
En tanto, el presidente de MILES, Luis D`Elía, consideró que “ninguna protesta sectorial puede estar por encima de los intereses de clase” trabajadora y que el reclamo por Ganancias “no se resuelve pegándole un tiro al proyecto nacional y popular”.
“Hoy es menester defender este proceso de fenomenal acumulación y avance de la clase trabajadora, el más grande desde 1955”, dijo y señaló que por eso le “duele” y no entiende “por qué hoy hay que abortar este proceso, en una actitud que termina siendo funcional a intereses foráneos y antagónicos a la clase”.
Finalmente, el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), Carlos West Ocampo, dejó en claro que el sindicato que conduce "de ninguna manera" adherirá al paro convocado por la CGT, y agregó que "la mayoría de los gremios se han retirado de la actual conducción" de la central obrera que lidera Hugo Moyano.
Al referirse al encuentro en la CGT, expresó que "hoy no ha habido una reunión formal, ha habido una reunión de un grupo de dirigentes sindicales, pero que no son estrictamente la conducción".