Camioneros desacataron la conciliación y nacionalizaron el paro en la rama combustible
El personal de la rama transporte de combustible del Sindicato de Choferes de Camiones ratificó esta tarde el paro de 72 horas iniciado a las 14 de hoy en 18 provincias, en demanda de un incremento salarial del 30 por ciento y otras reivindicaciones, confirmó la organización.
Hugo y Pablo Moyano, secretarios general y adjunto del gremio, ratificaron la protesta -continuidad del paro de 24 horas del viernes último en todo el país en la rama transporte de caudales- en demanda de una mejora salarial y el pago de una compensación por la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los haberes y la vigencia del tope de las asignaciones.
Los dirigentes sindicales ratificaron la medida de fuerza que incluye asambleas permanentes, bloqueos a las empresas transportadoras de combustible y huelgas- en 18 provincias.
El conflicto se da en el marco de la negativa del gremio de aceptar los incrementos salariales que vienen negociando los sindicatos y los empresarios que oscila en un 21 por ciento de aumento.
Ante la posibilidad de que se aplique la Ley de Abastecimiento por la ausencia de combustible en casi todo el país, Hugo Moyano señaló hoy en un acto realizado en la CGT con representantes de pueblos originarios que "la lucha de los trabajadores camioneros es justa y, por lo mismo, no será abandonada", al tiempo que ratificó que "la única lucha que siempre se pierde es la que se abandona".
Por su parte, Pablo Moyano aseveró que el sindicato proseguirá aplicando la protesta a pesar de la probable imposición de esa norma y sostuvo que "los trabajadores no tienen temor".
"La medida de fuerza es constitucional y está amparada por las leyes de la Nación porque se remite a un reclamo salarial. El gremio camionero peleará por lo que
le corresponde a los trabajadores", puntualizó Hugo Moyano.
El Ministerio de Trabajo dictó esta madrugada la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene el sindicato con la cámara empresaria y, en un principio, los trabajadores acataron ese instrumento, a excepción de la provincia de Entre Ríos.
Sin embargo, la conducción sindical decidió nacionalizar la protesta en 18 provincias desde las 14 de hoy y hasta el viernes próximo, por lo que la reunión paritaria entre gremialistas y empresarios prevista para las 11 del viernes estaba esta noche "en suspenso", confirmaron a Télam fuentes oficiales y de camioneros.
La norma 14.786 de conciliación obligatoria debía regir durante 15 días hábiles a partir de la medianoche, pero fue desacatada.
El último acuerdo salarial camionero expirará el próximo 30 de este mes y, el sindicato, ratificó su demanda de mejora del 30 por ciento, mientras la conducción de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) ofreció un aumento del 21 por ciento en tres tramos.
Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, aseguró que el Sindicato de Choferes de Camiones decidió "no continuar la negociación colectiva" y sostuvo que lo "lamenta mucho" porque había "posibilidades" de acordar.
En diálogo con el canal C5N, el ministro calificó a la huelga de 72 horas decidida desde las 14 de hoy por el personal de la rama transporte de combustibles del gremio como "intempestiva", aunque señaló que la protesta no implicará desabastecimiento inmediato.
Tomada indicó que "el problema debe ser encarado de la manera que corresponde, es decir, es preciso que el sindicato acate la conciliación obligatoria" dictada esta madrugada por 15 días.
"Existe una conciliación obligatoria en el marco de un proceso negocial que recién comenzó. Ahora, si continúa el desacato de la medida legal, el gremio deberá soportar las debidas sanciones", adelantó Tomada, quien agregó que en ese caso la organización se arriesgaría al menos a recibir "severas sanciones económicas".
El funcionario explicó que esa posibilidad existe desde el momento en que "se genera una zozobra innecesaria a la población".
"No sé si cabe aplicar la Ley de Abastecimiento o si está previsto ese tipo de medidas. Yo administro el campo laboral y, en ese sentido, debo adoptar las decisiones que corresponden. Se hará todo lo necesario. Aquella norma depende de Economía", enfatizó.
Tomada añadió que "se impone cumplir la ley y acatar la conciliación obligatoria durante 15 días hábiles" y, en otro orden, reseñó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer en México "el asombro de sindicalistas internacionales, quienes señalaron su admiración por el nivel salarial en la Argentina y las negociaciones colectivas".
"No puede ser que en menos de 72 horas se pase de una huelga que impidió el pago de haberes a través de los cajeros automáticos a decidir un paro que amenaza con desabastecer a la población de combustible", puntualizó Tomada.
Al ser consultado respecto de las razones del gremio camionero para determinar la huelga, Tomada subrayó que existe "una muy baja comprensión del contexto mundial y una actitud provocadora".
"No puedo dejar de reconocer que existe un componente que llama la atención. Todos deben reflexionar, porque se ha propugnado la posibilidad del diálogo de forma permanente. Pueden haber muchas soluciones, pero no es posible adoptar este tipo de medidas de un día para el otro. El convenio salarial camionero vence recién en 12 días. Es posible explorar otras alternativas", puntualizó.
Tomada sostuvo también que ante la continuidad del conflicto es posible aplicarle al gremio camionero una dura sanción, como "la quita de la personería gremial", aunque privilegió "el diálogo".
"Le solicitamos al sindicato que agote las instancias legales. No se le está negando el derecho de huelga sino que acate la conciliación obligatoria durante 15 días para poder negociar tranquilos, explorar soluciones y lograr acuerdos", afirmó.
Por último, Tomada subrayó que "la negociación colectiva es trascendente" y se negó a retrucar declaraciones de Pablo Moyano porque "no deseo responder a frases altisonantes".
El ministro convocó otra vez a las partes a negociar y sostuvo la necesidad de que "se respete el derecho de 40 millones de argentinos a vivir en un marco de paz social".
Asimismo, el vicepresidente Amado Boudou, indicó que el gobierno "tiene responsabilidad ante los 40 millones de argentinos", y en ese marco dijo que se tiene el deber de "asegurar que distintos sectores no sigan buscando jorobarle la vida a los argentinos".
En diálogo con C5N, indicó que "hay una instancia en la que hay negociaciones entre empleadores y trabajadores, y por eso la medida no es de ninguna lógica", y agregó que "si hay buena voluntad y lógica, seguramente el conflicto se va a solucionar".