Dueños de cabarets cordobeses dicen que no son prostíbulos
Propietarios de media docena de cabarés cuestionaron hoy la constitucionalidad de la ley que los prohíbe en Córdoba, desde el viernes, afirmando que es falsa la presunción de que se trata de prostíbulos disimulados.
En tanto, en cumplimiento de la ley, la Policía de Córdoba clausuró el fin de semana cerca de 40 prostíbulos que funcionaban bajo rótulos tales como whiskería o cabaré.
El abogado Jerónimo Trebucq, en representación de los empresarios que llevaron su cuestionamiento a la justicia, afirmó que "la ley resulta inconstitucional porque identifica, de una manera falsa y artificiosa, a los prostíbulos con los cabarés, y a estos últimos, con la trata de personas".
"Mis clientes desarrollan actividades de cabarés de larga data y se someten a los controles correspondientes. Ninguno de ellos registra antecedentes por infracción a la ley de profilaxis ni a la de trata”, aseguró.
Trebucq promovió acciones de amparo ante el Juzgado Civil de Sexta Nominación de Río Cuarto, ciudad ubicada a 216 kilómetros de la capital provincial.
Si bien los cabarés cerraron sus puertas el viernes, cuando comenzaron los controles, ahora esperan “que la Justicia haga respetar el derecho a ejercer una actividad comercial lícita”, recalcó el abogado.
Presentaciones similares hicieron en Río Segundo, a 100 kilómetros de la capital provincial, los dueños de un local y cuatro trabajadoras sexuales que allí ejercen. Otras se realizaron en la ciudad de Córdoba.
Durante el fin de semana, la Policía cordobesa clausuró cerca de 40 cabarés y whiskerías por presuntas infracciones a la Ley 10.060, que prohíbe el funcionamiento de dichos establecimientos y que prevé hasta 60 días de arresto.
La ley define como whiskería a "todo lugar abierto al público o de acceso al público en donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o, de cualquier modo, se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad".
El artículo tres de la norma establece que la prohibición comprende "a todos los locales de cualquier tipo, abiertos al público o de acceso al público, en donde los concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o mujeres contratados para estimular el consumo o el gasto en su compañía".
También queda incluido, "todo lugar en donde bajo cualquier forma, modalidad o denominación, se facilite, realice, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no su consentimiento para ello las personas explotadas o prostituidas".
La ley contiene en tanto una disposición que resguarda los derechos integrales de las personas que ejerzan la prostitución por su cuenta, ante las quejas reiteradas de la filial Córdoba de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar).