Atenúan el peso de la "economía verde" en pos de un acuerdo
El acuerdo sobre el documento de la Conferencia Río+20, que comenzará el miércoles en Río de Janeiro, tiene aún final abierto, aunque está mucho más cerca de la posición del Grupo77, entre los que está Argentina, ya que define a la "economía verde" como uno de los instrumentos, pero no el único, para el desarrollo sustentable, informó Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación.
En la ciudad marítima copada por la cita ambiental, se desarrollan extenuantes jornadas de negociación, en simultáneo con una variedad de espectáculos, marchas de protesta y deliberaciones populares, en dos polos cariocas distantes unos 30 kilómetros, entre Flamengo, donde se reúne la Cumbre de los Pueblos, y Barra de Tijuca, donde expondrán las delegaciones de 193 países, con la presencia de 115 jefes de Estado y Gobierno.
"Todavía no está el documento final pero siguen las negociaciones, y el texto, de 48 páginas, incorporó que la economía verde (cuestionada por constituirse en una eventual restricción a la circulación de mercancías producidas con impacto de gases de efecto invernadero) es un instrumento más, y no el único, para el desarrollo sustentable", dijo Révora en diálogo telefónico con Télam.
La funcionaria argentina, que llegará mañana a Río de Janeiro, informó que "Brasil está proponiendo un documento más simple, como para que los presidentes puedan acordarlo, y el final está abierto todavía".
El mega espacio de convenciones Riocentro late alrededor de iniciativas como la que hizo Río de Janeiro, que propuso reducir un 12% las emisiones de dióxido de carbono, que son la causa del calentamiento global, como meta hacia 2016 para unas 60 ciudades populosas e industrializadas.
La cumbre se preocupa además por un tratado sobre protección de las áreas marinas, y no hay consenso en que el organismo ambiental de Naciones Unidas, PNUMA, se transforme en una agencia similar a la Organización Mundial de Comercio, que imponga un criterio de comercio verde controlado por las potencias desarrolladas.
El diario O Globo publicó hoy que Brasil ha decidido postergar para el 2014 las definiciones que dividen a los países en desarrollo de las potencias desarrolladas.
Así, eludió una definición sobre las fuentes de financiamiento para la reconversión a tecnologías de bajo impacto ambiental, que crispa a Europa, aunque mantuvo el criterio de que los países tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas.
"Con lenguaje genérico, el texto fue diluido", sostienen analistas económicos del diario, en tanto atribuyen a la presidenta brasileña, Dilma Rouseff, la capacidad de seguir negociando desde su puesto en la reunión del G20, en México.
Unas 300 organizaciones ambientales brasileñas reprochan a las autoridades el diluir los debates para reducir el riesgo de un fracaso de la cumbre Río+20, a costa de alcanzar un piso muy bajo de acuerdos.
Naciones Unidas divulgó un estudio que afirma que Brasil perdió entre 1990 y 2008 el 25% de las riquezas naturales del país.
El desarrollo sustentable tiene una dimensión ambiental, social y económica y no puede haber consenso en políticas ambientales sin que haya justicia social, afirmó hoy Beatriz Anchorena, directora de una organización de la sociedad civil que participará de la cumbre Río+20.
“Nos gusta hablar de desarrollo sustentable para decir que tiene una dimensión ambiental social y económica, pero cuyo desafío es mantener este equilibrio, esta tensión en el triángulo formado por el desarrollo económico, la inclusión social y el cuidado de los bienes ambientales, que de alguna manera es la definición de Río `92”, dijo Anchorena a Télam.
La dirigente consideró que “es el momento de decir que no puede haber consenso en políticas ambientales sin que haya justicia social, porque los países no pueden tomar decisiones respecto a lo ambiental si les van a desmejorar los indicadores sociales: claramente, los países latinoamericanos no lo van a hacer”.
Anchorena, directora de la Fundación Compromiso, aludió así a “medidas que tengan que ver, por ejemplo, con el empleo en la `economía verde`, si no se puede vender tal producto porque no tiene el sello de bajas emisiones”.
“Entonces, no se vende el producto, se contrata menos gente, hay menos empleo… Es decir, no estamos hablando de cuestiones para hacer un parque nacional, por eso las tensiones están en un nudo crítico”, advirtió.
Anchorena dijo que la Fundación Compromiso participará de la Conferencia de Naciones Unidas Río+20, entre el 20 y 22 de junio, “con la expectativa de que esté presente un capítulo de construcción de capacidades a través de la articulación público privada, para que el desarrollo sustentable se construya con dispositivos en los que participe la más amplia gama de actores sociales”.
“En materia de `economía verde` nosotros vamos claramente a acompañar la posición del gobierno argentino, de controlar todas las herramientas para hacer una nueva economía respetando nuestros objetivos de inclusión social, que hay que sostener en este mundo que está atravesando una crisis”, enfatizó.
La Fundación Compromiso realiza periódicamente jornadas de articulación público-privadas en todas las regiones del país con diferentes focos, como ciudades sustentables, en las que gestó un documento que fue insumo de Río+20.
“Este año estamos tomando el eje de la inclusión social de jóvenes a través del empleo, que claramente es un problema que se destaca como prioritario en las regiones“, contó la dirigente.
En general, las prioridades reveladas en los encuentros regionales “tiene que ver con la necesidad de planificación y ordenamiento territorial, lo que se ve claramente en los conflictos mineros”, contó Anchorena.
“No hay un marco legal que estipule cómo se van a explotar los recursos naturales, o definir qué es zona urbana y qué, rural“, observó y destacó que "también aparece la gran asimetría que hay cuando uno se sienta a discutir y la mesa se inclina hacia los sectores con gran poder económico, con gente que tiene ganas de participar pero no tiene las herramientas” para hacerlo.
Para la dirigente, "hay que trabajar en la construcción de las capacidades, para que Estado y sociedad civil, con sus diferentes intereses, puedan lograr algunos puntos de acuerdo que fortalezcan la posición argentina y, a su vez, la regional como Mercosur o latinoamericana”.
Los países latinoamericanos “han probado en estos últimos años que, si nos juntamos, tenemos mucho más peso en la negociación, lo cual requiere un trabajo nuestro, desde sociedad civil, de articulación en la región".
"Como sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo por organizarnos y por mejorar la articulación con el Estado, para lograr posicionamientos país que sean representativos más allá del voto popular, que sean legitimados socialmente por la participación ciudadana", concluyó.