Reglamentaron procedimiento sumarial en casos de lavado de activos

18/06/2012
Judiciales - Lavado de Dinero
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Lo reglamentó la UIF para los casos de aplicación de sanciones previstas en la normativa sobre prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo

La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reglamentó hoy el procedimiento sumarial, para los casos de aplicación de sanciones previstas en la normativa sobre prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

La resolución 111/2012 de la UIF, publicada hoy en el Boletín Oficial, recuerda que tras su reorganización, por la ley 26.119 de 2006, los sumarios tienen su origen en fiscalizaciones y requerimientos efectuados tanto por la Unidad como en supervisiones llevadas a cabo por los organismos de contralor.

Es decir, el Banco Central (BCRA), Comisión Nacional de Valores (CNV), Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En ese contexto se consideró necesario modificar ciertos aspectos del procedimiento, a los efectos de lograr la adecuada aplicación de las sanciones previstas en la ley 25.246, sobre lavado de activos de origen delictivo.

Según los considerándoos de la resolución 111, firmada por el titular de la UIF, José Sbattella, las sanciones que se apliquen serán comunicadas a los organismos reguladores o de control, a las entidades autorreguladas y a los colegios o consejos profesionales que correspondan.

De ese modo, los sujetos obligados y las personas físicas que hubieran actuado como sus órganos o ejecutores podrán ser evaluados en la esfera de sus competencias, a los efectos de la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con lo previsto en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La resolución de la UIF forma parte de un conjunto de medidas adoptadas durante el último año y medio por el gobierno nacional, para adecuar la normativa al combate contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.