Condenaron a dos acusados en juicio por lesa humanidad en Catamarca
El Tribunal Oral de la Cámara Oral Federal en lo Criminal de Catamarca condenó hoy al ex Jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, Carlos Alberto Lucena y al ex Jefe General de Policía, Juan Daniel Rauzzino, a 16 y 10 años de prisión "domiciliaria" respectivamente, acusados de los delitos de les humanidad durante la última dictadura militar.
Lucena y Rauzzino fueron condenados por la desaparición y muerte de los catamarqueños, Francisco Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce, el sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, y la estudiante Yolanda Borda.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, estuvo presente junto a sus ministros, esperando la sentencia de los militares por crímenes de lesa humanidad.
Lucena fue condenado "a 16 años de prisión, inhabilitación absoluta mientras dure la misma, costas y accesorias legales", como "coautor materialmente responsable de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada", en perjuicio de Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos, Francisco Ponce, y Griselda del Huerto Ponce.
Por su parte, Rauzzino fue sentenciado "a 10 años de prisión, inhabilitación absoluta mientras dure la misma, costas y accesorias legales" como "coautor materialmente responsable de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada", en perjuicio de Julio Genaro Burgos, Francisco Ponce y Griselda del Huerto Ponce.
La decisión del Tribunal de "mantener el cumplimiento de prisión bajo la modalidad de domiciliaria", fue cuestionada por los familiares de las víctimas y los representantes de las organizaciones de derechos humanos.
Según aclararon desde la Camara Oral Federal en lo Criminal, las condenas serán de cumplimiento "domiciliario", por lo que "ambos no irán a una cárcel común", tal como lo habían solicitado los representantes de la querella.
Los familiares e integrantes de organismos de derechos humanos cuestionaron a los miembros del Tribunal, integrado por Juan Carlos Reinaga, Gabriel Eduardo Casas, y José Camilo Quiroga Uriburu, al conocerse el fallo contra los militares, cuyos fundamentos serán dados a conocer el próximo 29 de junio.
"Nosotros esperábamos una condena a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en una cárcel común. Ellos, los represores, se van a ir a sus casas y dónde están los huesos de nuestros hermanos", se quejaron allegados a Francisco Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos y Griselda Ponce, desaparecidos en Catamarca entre abril de 1976 y enero de 1977.
La representante de los organismos de derechos humanos en la provincia, Mirtha Clérici, manifestó su indignación, al sostener que "estos abuelitos (por Lucena y Rauzzino) se van a la casa con sus nietitos, mientras nosotros estuvimos 35 años esperando justicia para esto. Todo esto es una burla para todos los que somos familiares de desaparecidos".
En tanto, mientras trataba de aportar serenidad a los familiares, uno de los representantes de la querella, Bernardo Lobo Bougeau, actual Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, anticipó que cuestionará la sentencia "en dos o tres aspectos que me parecen esenciales".
"Son homicidios agravados, que es lo que Tribunal descartó", enfatizó Lobo Bougeau, quien añadió que "el tribunal lo descarta como homicidios y remite copia para que sea el fiscal federal de Tucumán quien investigue en la instrucción: este es un punto sustancial de nuestro alegato que no fue tomado por el Tribunal".
El querellante y funcionario nacional de los derechos humanos, cuestionó además "el bajo monto de las penas (16 y 10 años) y por la forma de cumplimiento", al sostener que "si bien quedaron con los cargos de asociación y privación ilegítima de la libertad, creemos que correspondía una escala penal más alta".
"Vamos a recurrir en casación ante la Cámara Nacional para que se pueda aplicar una pena que sea de cumplimiento en una cárcel común y vamos a seguir bregando para que la pena sea de efectivo cumplimiento", reiteró el letrado, en medio de los reclamos de los familiares de las víctimas, tras el histórico juicio que concluyó hoy en Catamarca.