Rechazaron el tratamiento del pedido de Birri de demandar a la Nación
El legislador del Frente Cívico (FC), Roberto Birri, le reclama al gobernador José Manuel De la Sota que demande a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones, a través de un proyecto de resolución cuyo tratamiento sobre tablas fue rechazado hoy por el oficialismo.
Puntualmente, en la iniciativa Birri solicita a De la Sota que instruya al Fiscal de Estado para que inicie ante la Corte “las acciones legales que correspondan contra el Estado Nacional a los efectos de salvaguardar los intereses de nuestra Provincia, los que parecen menoscabados por la decisión arbitraria del poder central de no enviar los fondos comprometidos a través de los convenios suscriptos oportunamente para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones”.
Durante los cinco minutos establecidos por reglamento para el pedido de reconsideración de la votación, Birri cuestionó la actitud del gobierno nacional al afirmar que “utiliza arbitrariamente los fondos públicos como herramienta de presión política” y aseguró que esta situación representa “un menoscabo al federalismo”.
Además, el legislador juecista enfatizó que “desde hace un año y medio no hay un solo peso con lo cual de persistir esta negociación frustrada pone a los funcionarios en un virtual incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos”.
En tanto, consideró que “nunca es tarde para iniciar el camino que la constitución y las leyes imponen a sus gobernantes”, por eso le pide a De la Sota que le inicie acciones al gobierno nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner.
En los fundamentos de la iniciativa Birri sostuvo que esta situación se agrava en el caso de Córdoba porque “los dos gobiernos pertenecen a la misma fuerza política y en vez de resolver sus diferencias mediante la democracia interna, toman de rehén a toda la sociedad”.
Para el Legislador opositor “debe ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de su competencia originaria y exclusiva, quien resuelva jurídicamente el conflicto que se ha suscitado con el Estado Nacional”.
“El camino elegido por el gobierno provincial evidentemente ha fracasado, ya que la realidad de los incumplimientos vuelve a repetirse de manera agravada por la propia situación económica y no se puede ocultar que los funcionarios provinciales, al evitar la vía judicial, han estado haciendo equilibrio al borde del incumplimiento de sus deberes”, concluyó.