El TSJ y la Fiscalía General expusieron sobre el proyecto contra el narcotrafico

Los representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y Luis Enrique Rubio, y de la Fiscalía General, Maria Marta Cáceres de Bolati, expusieron esta mañana en la Legislatura de Córdoba su postura ante el proyecto de ley contra el narcotráfico enviado por el gobernador, José Manuel de la Sota, junto con una iniciativa contra la trata de personas que fue sancionada el miércoles pasado (Ver Sin respaldo unánime, se sancionó la ley contra la Trata de Personas).

Se trató de una reunión conjunta de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; Educación y Cultura; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; Salud; Solidaridad y Derechos Humanos; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y Economía.

Principalmente, los funcionarios calificaron de “básica” la asignación presupuestaria de la provincia.

“Es indispensable asignaciones presupuestarias que cubran todas las necesidades que son indispensables. En estos cinco años la Nación no ha girado nada a la provincia de Buenos Aires. Va a ser necesario asignaciones presupuestarias propias”, expresó Cáceres de Bolati.

También explicaron que se debe preever un tiempo de capacitación para el personal. Explicaron que la ley no puede estar en vigencia antes de diciembre porque necesitan capacitar al personal para que enfrente las posibles situaciones.

“La capacitación requiere de tiempo. Es la capacitación en un tema nuevo con el cual no estábamos vinculados hasta ahora: lo que son todas las normas de investigación, las técnicas, los éxitos y fracasos”, expresó Cáceres de Bolati y agregó que “todo ese material necesariamente lleva un tiempo. Nosotros ya hemos pensado en cursos en la  escuela Ricardo Nuñes de carácter obligatorio para toda la provincia”.

Además, proponen la creación de dos fiscalías especializadas en esta problemática, para la capital cordobesa, y con la proyección de la creación de una más para el año que viene. En tanto, los otros centros judiciales deberían ser reforzadas las secretarias.

“Hemos evaluado adecuado comenzar con fiscalías nuevas (en capital), encontramos posible comenzar con dos fiscalías y que la tercera se cumpla el próximo año. En el caso de los otros centros judiciales proponemos un refuerzo de una secretaria especializada en cada cabecera y en dos o tres sedes en donde la problemática sea importante”, expresó Tarditti.

Los requerimientos de personal serian entonces, dos fiscales de instrucción, dos secretarios seis prosecretarios y catorce empleados.

Asimismo, abordaron la problemática de la destrucción de los estupefacientes, asegurando que la ley nacional tiene problemas, aunque no plantearon una estrategia clara.

“Proponemos una cuestión relativa a la destrucción de los estupefacientes: la destrucción de los estupefacientes, y otros instrumentos es un tema muy serio y de muchos problemas, nosotros no tenemos en claro cómo debe ser el procedimiento concretamente. Pero la modalidad de destrucción propuesta por la ley nacional le trae inconvenientes. Pedimos una fórmula: será realizada mediante el procedimiento del TSJ y la Fiscalía General y de qué forma vamos a garantizar una cadena de transparencia”, explicó.

Por su parte, Rubio hizo hincapié en las necesidades edilicias que tendría la implementación del proyecto.

“Desde el punto de vista de los edificios empezaríamos con la fijación de un contra turno -en principio en capital seria a la tarde- y trataríamos de ir haciendo el espacio necesario en cada una de las cedes del interior”, manifestó Rubio.

No obstante, aseguró que se deberán modificar los proyectos edilicios para la construcción del polo judicial.

“Esta ley nos va a obligar, de modificar esos proyectos para facilitar la actuación de la policía y por la seguridad de la secretaria científica, la protección de elementos y la posterior destrucción de lo que se haya secuestrado y ya este analizado”, finalizó el funcionario.

En este marco, el legislador de Unión por Córdoba (UPC), y presidente del encuentro, Carlos Alessandri, aseguró que se tomarán en cuenta los planteos de los invitados para el trabajo en comisión, y la elaboración del proyecto.

Recordemos que la inicaitiva tiene por objeto que la Provincia tenga la autonomía y competencia para investigar, perseguir y juzgar el tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades; penar los delitos relacionados con la venta o distribución en escala menor; incrementar la capacidad de respuesta contra el narcotráfico; contar con un sistema de investigación y juzgamiento provincial para la persecución de estas actividades delictivas y lograr mayor presencia en localidades de la provincia afectadas por este flagelo.

La normativa incluye la creación del fuero de “Lucha Contra el Narcotráfico”, con el objetivo de establecer la estructura de investigación y/o juzgamiento de los delitos relacionados con el narcotráfico en el territorio provincial.

Por último, se habilita la línea telefónica 0810-888-3368, exclusiva para la recepción de denuncias en el horario de 8 a 20 horas. Las denuncias serán anónimas y las llamadas no pueden ser identificadas. Quienes llamen recibirán un número de trámite para verificar luego la evolución de los casos.