Sin respaldo unánime, se sancionó la ley contra la Trata de Personas

La provincia de Córdoba dio hoy un paso para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, al quedar sancionada hoy en la Unicameral la ley que envió el gobernador José Manuel De la Sota en este sentido, que fue rechazada por el Frente Cívico (FC) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) al calificar la propuesta oficialista de “liviana con el proxeneta y criminalizadora con la mujer”.

El bloque juecista impulsó un despacho en minoría sobre esta iniciativa, cuyos puntos principales son el endurecimiento de la pena para los proxenetas, ya que según indicó la legisladora Liliana Montero, la ley oficialista “es exigua, blanda, no alcanza, no sirve, vamos por más castigo a quien explota sexualmente a la mujer”.

También, el despacho en minoría apela a la discriminalización de la mujer, planteando la constitución de formas asociativas donde desarrollen su labor personas que de modo libre y voluntaria se desenvuelvan como trabajadoras sexuales, tal como reclamaron desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR), durante su presencia en la Unicameral (Ver Desde AMMAR aseguran que la iniciativa profundizará la clandestinidad de la prostitución).

Sobre esto, Montero señaló: “Tenemos la obligación de legislar para el conjunto, de prever las consecuencias que va a traer para todos y cada uno”, al tiempo que añadió que “hay un sinnúmero de mujeres que quieren, elijen ejercer la prostitución, merecen una contemplación por esta legislatura para que no sean sometidas”.

Asimismo, la propuesta juecista contempla la aplicación de sanciones para el usuario de la prostitución y la creación de un programa de capacitación e inclusión laboral para las personas víctimas de trata que fueron rescatadas.

En tanto, desde la Unión Cívica Radical (UCR), manifestaron su voto a favor de la iniciativa oficialista y destacaron la incorporación de su propuesta de incluir en la curricula escolar de los establecimientos públicos y privados de textos vinculados con este flagelo para generar conciencia y prevención entre los niños y jóvenes.

Desde el oficialismo, Sergio Busso celebró que el gobernador De la Sota “se haya propuesto semejante desafío” y aseguró no tener dudas que los municipios y comunas adherirán a la ley “y se van a sumar a la tarea de cerrar definitivamente estos lugares”, dijo.

“Es un paso más, muy importante”, enfatizó Busso y agregó: “Apelo a que se convierta en una decisión de estado que supere las diferencias políticas y apostemos al éxito en su aplicación práctica y que no escuchemos a los agoreros de siempre que dicen que esta ley fracasará”.

Cabe destacar que a la iniciativa original se le incorporaron dos artículos. Uno de ellos establece que en todos los procedimientos que se realicen en el marco de la aplicación de esta ley, se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar de manera voluntaria, haciendo una separación entre prostitución y trata de personas, ítem que busca derribar los cuestionamientos en relación a que la ley criminaliza el trabajo sexual.

Ese mismo artículo dispone que “cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiéndose brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes”.

La otra incorporación tiene que ver con una sugerencia del radicalismo y determina la incorporación como contenido curricular en las escuelas provinciales del estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de personas, así como los medios de prevención para no ser víctimas de este flagelo.

La normativa que hoy quedó sancionada tiene por objetivo clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.

El proyecto prevé la creación de un programa que se centrará en la desarticulación de las mafias y el crimen organizado que explota y esclaviza mujeres para someterlas a prostitución forzosa.

Junto con diferentes áreas del Estado y la justicia federal y provincial, este programa promoverá el respeto irrestricto de todas y cada una de las libertades individuales y/o colectivas, y resguardando la libertad sexual de todos los habitantes.

Asimismo, se propone combatir las organizaciones delictivas que esclavizan, reducen a la servidumbre y someten a mujeres, hombres, niñas y niños para destinarlos al comercio sexual.

De la Sota dispuso la creación de la Secretaría de Prevención de Trata de Personas, con rango de secretaría de Estado, integrante del Gabinete provincial y dependiente del gobernador que estará al frente de la legisladora en uso de licencia María Amelia Chiófalo.

El documento prevé la adhesión de la Provincia al Decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional de prohibición de anuncios que promueven la oferta sexual con el objetivo de eliminar uno de los elementos que dan popularidad y promueven el conocimiento sobre la oferta sexual (Ver De la Sota prohibirá el rubro 59 en Córdoba).

A la vez, se crea la división de Lucha Contra la Trata, dependiente de la Policía de Córdoba con el objeto de conformar un equipo de trabajo con efectivos policiales y psicólogos; luchar contra la trata y la explotación sexual desde todas las dependencias del territorio provincial y contribuir a la lucha y persecución de la mafia de la prostitución y se constituye un Registro Único de Personas Buscadas, con el objeto de formar un sistema informático encargado de registrar denuncias sobre personas desaparecidas y realizar tareas en conjunto con la Policía Caminera, Central 101 y áreas de investigación de la Provincia.

El proyecto propone la modificación del artículo 17 de la Ley Nacional Nº 12.331 de Profilaxis e incorporar el artículo 145 quater al Código Penal, con el objetivo de elevar la pena a quienes infrinjan en la explotación sexual de las personas, además de multas y/o pérdida de la carta de ciudadanía para aquellos habitantes naturalizados; castigar a quienes administren, regenteen y exploten locales e inmuebles para el ejercicio de la prostitución con condenas de 4 a 10 años de prisión, según el tipo de circunstancia; alinear pensamientos y accionar con ONG’s e instituciones civiles que luchan contra este flagelo y lograr consenso a nivel nacional mediante la sanción y modificación de leyes en el Senado y la Cámara de Diputados.

Por último, se habilita la línea telefónica 0810-888-3368, exclusiva para la recepción de denuncias en el horario de 8 a 20 horas. Las denuncias serán anónimas y las llamadas no pueden ser identificadas. Quienes llamen recibirán un número de trámite para verificar luego la evolución de los casos.

Estuvieron presentes durante el tratamiento de la normativa Susana Trimarco, madre de Marita Verón que fue raptada por una red de trata; Amelia Chiófalo, secretaria de Lucha contra la Trata; el abogado de Trimarco, José D'Antona y el Ministro de Seguridad de la provincia, Alejo Paredes.

Al término de la sesión, Trimarco valoró el paso que dio la provincia y aseguró que "es un ejemplo" para otras provincias que deberían tomar la misma decisión política.