Con modificaciones, hoy se sancionará la ley contra la Trata
La Legislatura de Córdoba sancionará hoy a la tarde, por unanimidad la iniciativa impulsada por el gobernador, José Manuel De la Sota, para dar batalla a la trata de personas, al que se le realizaron algunas modificaciones a partir de las sugerencias que aportaron los bloques de la oposición, así como distintas asociaciones que participaron de su tratamiento en comisiones.
De esta manera, se incorporará un artículo que establece que en aquellas wiskerías que sean allanadas haya mujeres que estén allí voluntariamente y con la documentación respectiva no serán detenidas, pero sí se procederá con la clausura del local y la detención del proxeneta.
Lo que se busca es separar la prostitución de la trata de personas, tal como lo solicitaron las representantes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Córdoba (AMMAR) cuando estuvieron presentes en la Unicameral manifestando su postura sobre el proyecto (Ver Desde AMMAR aseguran que la iniciativa profundizará la clandestinidad de la prostitución).
En tanto, si la mujer no posee documentación o es menor de edad, será considerada víctima de trata y será puesta a disposición de un juez.
Asimismo, el bloque oficialista de Unión por Córdoba (UPC) accedió a incorporar la propuesta de la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico de incluir en la curricula de los niveles primario y secundario de los establecimientos públicos y privados las materias relacionadas con este flagelo para prevenir y concientizar a los niños y jóvenes sobre la problemática.
Cabe recordar que la iniciativa tiene por objetivo clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.
El proyecto prevé la creación de un programa que se centrará en la desarticulación de las mafias y el crimen organizado que explota y esclaviza mujeres para someterlas a prostitución forzosa.
Junto con diferentes áreas del Estado y la justicia federal y provincial, este programa promoverá el respeto irrestricto de todas y cada una de las libertades individuales y/o colectivas, y resguardando la libertad sexual de todos los habitantes.
Asimismo, se propone combatir las organizaciones delictivas que esclavizan, reducen a la servidumbre y someten a mujeres, hombres, niñas y niños para destinarlos al comercio sexual.
De la Sota dispuso la creación de la Secretaría de Prevención de Trata de Personas, con rango de secretaría de Estado, integrante del Gabinete provincial y dependiente del gobernador que estará al frente de la legisladora en uso de licencia María Amelia Chiófalo.
El documento prevé la adhesión de la Provincia al Decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional de prohibición de anuncios que promueven la oferta sexual con el objetivo de eliminar uno de los elementos que dan popularidad y promueven el conocimiento sobre la oferta sexual.
A la vez, se crea la división de Lucha Contra la Trata, dependiente de la Policía de Córdoba con el objeto de conformar un equipo de trabajo con efectivos policiales y psicólogos; luchar contra la trata y la explotación sexual desde todas las dependencias del territorio provincial y contribuir a la lucha y persecución de la mafia de la prostitución y se constituye un Registro Único de Personas Buscadas, con el objeto de formar un sistema informático encargado de registrar denuncias sobre personas desaparecidas y realizar tareas en conjunto con la Policía Caminera, Central 101 y áreas de investigación de la Provincia.
El proyecto propone la modificación del artículo 17 de la Ley Nacional Nº 12.331 de Profilaxis e incorporar el artículo 145 quater al Código Penal, con el objetivo de elevar la pena a quienes infrinjan en la explotación sexual de las personas, además de multas y/o pérdida de la carta de ciudadanía para aquellos habitantes naturalizados; castigar a quienes administren, regenteen y exploten locales e inmuebles para el ejercicio de la prostitución con condenas de 4 a 10 años de prisión, según el tipo de circunstancia; alinear pensamientos y accionar con ONG’s e instituciones civiles que luchan contra este flagelo y lograr consenso a nivel nacional mediante la sanción y modificación de leyes en el Senado y la Cámara de Diputados.
Por último, se habilita la línea telefónica 0810-888-3368, exclusiva para la recepción de denuncias en el horario de 8 a 20 horas. Las denuncias serán anónimas y las llamadas no pueden ser identificadas. Quienes llamen recibirán un número de trámite para verificar luego la evolución de los casos.