Los proyectos de ley que envió el gobernador José Manuel De la Sota para dar batalla a la trata de personas y al narcotráfico continúan siendo analizados en las comisiones de la Unicameral, esta vez, con la presencia de representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y con la participación de José D’Antona, abogado de la querella en el caso Marita Verón.

El debate se llevará a cabo mañana a las 10 horas en la sala Regino Maders, primer piso, del Palacio Legislativo, durante la reunión conjunta de las comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; Educación y Cultura; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; Salud; Solidaridad y Derechos Humanos; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y Economía.

En la oportunidad, los parlamentarios firmarán el despacho que habilitará al proyecto ingresar este miércoles al recinto de la Unicameral para ser aprobado. En cambio, la iniciativa contra el narcotráfico se debatiría en sesiones posteriores.

Cabe recordar que la semana pasada expusieron su punto de vista los ministros de Justicia y Seguridad, Graciela Chayep y Alejo Paredes y la Secretaria de Prevención de la Trata de Personas, María Amelia Chiófalo, quienes ratificaron que el proyecto contra la Trata no ataca la prostitución individual (Ver Chayep, Paredes y Chiofalo ratificaron que el proyecto contra la Trata no ataca la prostitución individual).

También manifestaron su posición frente a esta problemática representantes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Argentinas (AMMAR), quienes opinaron que la iniciativa del gobierno contra la trata profundizará la clandestinidad de la prostitución (Ver Desde AMMAR aseguran que la iniciativa profundizará la clandestinidad de la prostitución).

Cabe recordar que uno de los proyectos tiene por objeto que la Provincia tenga la autonomía y competencia para investigar, perseguir y juzgar el tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades; penar los delitos relacionados con la venta o distribución en escala menor; incrementar la capacidad de respuesta contra el narcotráfico; contar con un sistema de investigación y juzgamiento provincial para la persecución de estas actividades delictivas y lograr mayor presencia en localidades de la provincia afectadas por este flagelo.

La normativa incluye la creación del fuero de “Lucha Contra el Narcotráfico”, con el objetivo de establecer la estructura de investigación y/o juzgamiento de los delitos relacionados con el narcotráfico en el territorio provincial.

En tanto, la iniciativa sobre la Trata de personas y la Explotación Sexual tiene por objetivo clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.

El proyecto prevé la creación de un programa que se centrará en la desarticulación de las mafias y el crimen organizado que explota y esclaviza mujeres para someterlas a prostitución forzosa.

Junto con diferentes áreas del Estado y la justicia federal y provincial, este programa promoverá el respeto irrestricto de todas y cada una de las libertades individuales y/o colectivas, y resguardando la libertad sexual de todos los habitantes.

Asimismo, se propone combatir las organizaciones delictivas que esclavizan, reducen a la servidumbre y someten a mujeres, hombres, niñas y niños para destinarlos al comercio sexual.

De la Sota dispuso la creación de la Secretaría de Prevención de Trata de Personas, con rango de secretaría de Estado, integrante del Gabinete provincial y dependiente del gobernador.

El documento prevé la adhesión de la Provincia al Decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional de prohibición de anuncios que promueven la oferta sexual con el objetivo de eliminar uno de los elementos que dan popularidad y promueven el conocimiento sobre la oferta sexual.

A la vez, se crea la división de Lucha Contra la Trata, dependiente de la Policía de Córdoba con el objeto de conformar un equipo de trabajo con efectivos policiales y psicólogos; luchar contra la trata y la explotación sexual desde todas las dependencias del territorio provincial y contribuir a la lucha y persecución de la mafia de la prostitución y se constituye un Registro Único de Personas Buscadas, con el objeto de formar un sistema informático encargado de registrar denuncias sobre personas desaparecidas y realizar tareas en conjunto con la Policía Caminera, Central 101 y áreas de investigación de la Provincia.

El proyecto propone la modificación del artículo 17 de la Ley Nacional Nº 12.331 de Profilaxis e incorporar el artículo 145 quater al Código Penal, con el objetivo de elevar la pena a quienes infrinjan en la explotación sexual de las personas, además de multas y/o pérdida de la carta de ciudadanía para aquellos habitantes naturalizados; castigar a quienes administren, regenteen y exploten locales e inmuebles para el ejercicio de la prostitución con condenas de 4 a 10 años de prisión, según el tipo de circunstancia; alinear pensamientos y accionar con ONG’s e instituciones civiles que luchan contra este flagelo y lograr consenso a nivel nacional mediante la sanción y modificación de leyes en el Senado y la Cámara de Diputados.

Por último, se habilita la línea telefónica 0810-888-3368, exclusiva para la recepción de denuncias en el horario de 8 a 20 horas. Las denuncias serán anónimas y las llamadas no pueden ser identificadas. Quienes llamen recibirán un número de trámite para verificar luego la evolución de los casos.