Celebran que el gobierno rescindió el contrato a TBA
Legisladores y dirigentes sindicales celebraron la decisión del Gobierno nacional de retirar la concesión del servicio de trenes de la línea Mitre y Sarmiento a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), gestionado por el grupo Cirigliano, y la constitución de una unión de empresas con participación estatal para gestionar esos servicios.
Tras el anuncio oficial, dirigentes políticos expresaron por Twitter su satisfacción por la decisión del gobierno nacional.
El legislador porteño y ex jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, escribió: "Rescindieron la concesión de TBA. Metrovías pone las barbas en remojo...".
El dirigente gremial Víctor Santa María escribió en su cuenta: "Celebramos la medida tomada por @CFKArgentina acerca de la rescisión del contrato de #TBA a través del decreto 793/2012".
La diputada porteña María José Lubertino calificó como una "gran decisión" la de revocar la concesión a TBA y añadió: "Hay que poner fin a los vestigios del menemato en materia de transporte!".
El titular del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato, afirmó: "Era hora!!! El Gobierno le quitó a TBA la concesión de los trenes Sarmiento y Mitre por graves incumplimientos".
Tras el anuncio del ministro de Planificación, el hash tag -o etiqueta- #ChauTBA se colocó rápidamente al tope de los temas más comentados en la red de microblogging.
El diputado Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) afirmó en su cuenta personal que "desde hace años venimos denunciando los incumplimientos de TBA" y agregó: "Por eso, esta decisión del gobierno nacional nos llena de satisfacción. La quita de la concesión a TBA es la mejor decisión que puede tomar el Estado nacional para recuperar el servicio".
Sabbatella consideró que la rescisión del contrato ferroviario con la empresa TBA "es la mejor decisión para recuperar el servicio".
"La incapacidad de TBA para brindar seguridad y buen servicio es manifiesta: la empresa obligó a los usuarios a viajar como ganado y a los operarios a trabajar en pésimas condiciones, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y pasajeros", declaró.
El diputado nacional argumentó que la empresa concesionaria "abandonó hace mucho tiempo a los usuarios y a los trabajadores y es responsable del deterioro gravísimo de las líneas Mitre y Sarmiento”.
También el Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria (UF), que encabeza Guillermo D`Angella, respaldó la decisión del gobierno nacional y sostuvo que continuará bregando para que "el sistema ferroviario de forma definitiva sea administrado por el Estado Nacional".
También informó a los trabajadores de la actividad que la decisión oficial asegurará "la fuente laboral del personal de la compañía y las condiciones laborales y salariales" actuales.
"Estamos convencidos de que todas las empresas ferroviarias deben estar bajo la órbita del Estado", indicó un comunicado de prensa.
Por su parte, el senador porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus elogió el anuncio del Gobierno Nacional y dijo que “es central recuperar el papel del Estado en la conducción y el control de las políticas de transporte público. El objetivo principal es que los transportes estén al servicio de la gente para mejorar su calidad de vida”.
El senador agregó que “el decreto firmado por la presidenta de la Nación es también una señal para las empresas concesionarias que no cumplen con los contratos preexistentes y que no invierten lo que debieran para garantizar un transporte público seguro y efectivo”.
Asimismo, el titular del bloque Frente para la Victoria (FpV) de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, aseguró que el gobierno ha tomado una decisión "absolutamente acertada y contundente ante el incumplimiento del contrato de concesión de TBA con el Estado nacional".
El diputado oficialista agregó que durante la intervención dispuesta por el gobierno tras la tragedia de Once, se pudo constatar el incumplimiento del contrato, y precisó que el grupo acumulaba "250 multas" por irregularidades en la concesión del servicio.
El Gobierno había intervenido la empresa a la espera del resultado de las pericias judiciales por la tragedia del 22 de febrero pasado, que ocasionó 51 muertes y 700 heridos.
Según Rossi, "los datos concretos obtenidos durante el período de intervención (tres meses) le da contundencia a la decisión del gobierno" de rescindir el contrato con TBA para las líneas Sarmiento y Mitre.
"El gobierno inmediatamente produjo la intervención de la línea Sarmiento para determinar claramente las causales de la tragedia y, en tres meses, pudo acumular elementos para tomar la decisión de quitarle la concesión del servicio al grupo Cirigliano", dijo Rossi.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó hoy el decreto 793/2012, que rescinde el contrato con la empresa TBA sobre los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento y Mitre.
Al respecto, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, juzgó que la medida pone fin a la "desidia que operó la compañía desde 1995".
"Estamos muy felices por esta decisión que acaba con la desidia que operó la compañía desde 1995, cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem entregó la concesión", expresó Grosso a través de un comunicado.
"Seguimos recuperando soberanía en un país que necesita continuar reparando la devastación neoliberal que todavía golpea a los sectores más vulnerables”, insistió Grosso.
En posición opuesta, el dirigente nacional del PTS Christian Castillo dijo que "darle la concesión del Sarmiento y el Mitre a Metrovías, la empresa que vació el Subte, es una burla y un agravio a los usuarios y trabajadores. El gobierno decidió profundizar los millonarios negociados que el Grupo Roggio tiene con el Estado Nacional".
El ex candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda, alertó que "con Metrovías y Ferrovías haciéndose cargo del Sarmiento y el Mitre, hoy De Vido inauguró una nueva UGOFE, la empresa mixta que maneja el Ferrocarril Roca, el San Martín y el Belgrano Sur, responsable de las tercerizaciones y del entramado criminal con la burocracia de José Pedraza que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra”.
“Todo para tapar la responsabilidad criminal de TBA y de los funcionarios de la Secretaría de Transporte en el asesinato de 51 trabajadoras y trabajadores en la masacre de Once del 22 de febrero", dijo a través de un comunicado.