El fiscal no pedirá por el momento la captura de Blaquier
El fiscal federal Domingo Batule dijo hoy que "por el momento" no solicitará la captura de Carlos Pedro Blaquier, titular de la empresa Ledesma, en el marco del juicio por crímenes de la última dictadura cometidos en Jujuy.
"Por el momento, no hay ningún motivo para solicitar una captura porque no está prófugo", dijo Batule después de exponer sobre la marcha del juicio que unifica causas como los secuestros del ex intendente de Libertador Luis Aredes, en la "Noche del Apagón", y del sindicalista Avelino Bazán, de Mina Aguilar.
Además, anunció que los represores José Bulgheroni, Rafael Braga y Antonio Orlando Vargas serán juzgados a partir del 12 de julio por el secuestro y desaparición de 43 personas, todas las cuales pasaron por el Servicio Penitenciario de Jujuy.
En cuanto a Blaquier, uno de los empresarios más ricos del país e involucrado en los crímenes de lesa humanidad de la "Noche del Apagón", Batule dijo que peritos de la Corte Suprema lo examinarán "para determinar si está en condiciones o no de venir a declarar".
El empresario justificó mediante un certificado médico su inasistencia a la indagatoria prevista para el viernes último y la querella pidió su captura internacional, ya que el pasado 12 de abril viajó a Europa.
"Hay que determinar si esa razón de salud justifica que él no comparezca a prestar indagatoria. Si la Justicia determina con los peritos que está en condiciones de declarar, lo citará a declarar nuevamente y, si no compareciese o hay un intento de eludir la acción de la Justicia, ahí justificará un pedido de detención y de extradición si estuviera fuera del país", sostuvo el fiscal.
Batule fue invitado a exponer en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores, junto al abogado querellante Pablo Pelazzo y el psicólogo Martín Iturburu, del Centro de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
Pelazzo criticó el accionar del anterior juez de la causa, Carlos Olivera Pastor, quien renunció esa función a raíz de denuncias y críticas a su actuación formuladas por organismos sociales y de derechos humanos.
El querellante recordó que el fiscal Batule elevó en octubre de 2011 a ese magistrado un pedido de indagatoria a Blaquier y al administrador del ingenio Ledesma, Alberto Lemos, por 47 víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Frente al pedido, Olivera Pastor solicitó a Ledesma que informara sobre el parque automotor y la nómina de choferes, en lo que constituyó un aviso a la empresa de que estaba siendo investigada por la "Noche del Apagón", denunciaron los querellantes.
El letrado recordó además que en febrero último se hizo público el pedido de indagatoria a Blaquier, quien fue notificado el 15 de abril, tres días después de viajar al exterior.
"Parece que se iba enterando de todo y se fue (a Europa) porque no estaba oficialmente notificado", infirió Pelazzo en su evaluación de la conducta del empresario.
El 16 de abril asumió la causa el juez federal Fernando Poviñas, en lugar del cuestionado Olivera Pastor.
Por su parte, el psicólogo Iturburu, del Centro de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado, explicó las dificultades que deben vencer los testigos de la querella para dar sus testimonios en el juicio oral y público.
A su vez, Carmen Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, pidió por una ley que preserve 13 centros clandestinos de detención que funcionaron en Jujuy durante la última dictadura y que se están destruyendo.
Peña destacó finalmente la tarea de la Unidad Fiscal de Investigación y Seguimiento en las Causas por Derechos Humanos y del fiscal general Jorge Aguad, quien señaló que Jujuy se había convertido en la "capital de la impunidad" respecto de los crímenes del terrorismo de estado.