La familia de Yamila Cuello rechazó el proyecto de Ley sobre la Trata impulsado por De la Sota

Esta mañana, en la segunda jornada de debate sobre el proyecto impulsado por el mandatario provincial, José Manuel de la Sota, sobre la lucha contra la Trata de personas en la Legislatura de Córdoba, la familia de Yamila Cuello, presunta víctima de este flagelo, rechazó la iniciativa.

Estuvieron presentes en la reunión, para fundamentar su rechazo, la Hermana de Yamila, Soledad Cuello, y su abogada Soledad Díaz.

Díaz explicó que la iniciativa “desnuda” la falta de intervención por medio de la justicia frente al flagelo de la Trata de Personas, ya que acusa que actualmente hay una legislación que es la ley nacional de profilaxis y explicó que el proyecto no hace más que atenuar las penas.

Además, aseguró que les parece un “despropósito” que se cierren las wiskerías ya que según la letrada, en la ley de profilaxis establece el cierre de dichos locales. En este sentido cuestionó que el gobierno no haya clausurado ya esos locales.

“El artículo que se cierren las wiskerias nos parece un despropósito. Claramente en el artículo de la ley de profilaxis está la prohibición en toda la Republica (de estos locales)”, manifestó Díaz.

En este marco, planteó que la iniciativa no propone, a lo largo de todo su articulado, el problema de la “complicidad” por parte de las fuerzas de seguridad y de los sectores de poder.

Finalmente, la letrada aseguró que el proyecto no hace más que brindar un marco legal a la problemática: “Otorga un marco legal para seguir actuando”.

Cabe señalar, como bien explicó Soledad Cuello, que Yamila desapareció el 25 de octubre del 2009, luego de informar que se iba a comer a o de un amigo.

Por otro lado, para ampliar el tratamiento del proyecto, estuvieron presentes representantes de la Mesa Provincia Municipios, quienes si bien mostraron ciertas dudas sobre la iniciativa, se mostraron muy conformes con el proyecto y agradecidos porque les den lugar en el tratamiento del mismo.

Las principales dudas refieren a las cargas que van a tener que sobrellevar los municipios -en caso de adherir a la ley-, con respecto a realizar clausuras masivas y al personal de los locales que quedaría desempleado.  

Cabe recordar que ayer los ministros de Justicia y Seguridad, Graciela Chayep y Alejo Paredes y la Secretaria de Prevención de la Trata de Personas, María Amelia Chiófalo, ratificaron en una reunión conjunta de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; Educación y Cultura; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; Salud; Solidaridad y Derechos Humanos; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y Economía, que el proyecto contra la Trata no ataca la prostitución individual. (Ver: Chayep, Paredes y Chiofalo ratificaron que el proyecto contra la Trata no ataca la prostitución individual)

Mientras tanto, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) de Córdoba se manifestaba en la puerta de la Unicameral debido al rechazo al proyecto ya que cuestionan que la iniciativa criminaliza la problemática pero no le da soluciones reales.

Además, aseguraron que el trabajo sexual no es un delito, sino una actividad lícita siempre expulsada a la clandestinidad, la explotación y la trata. (Ver: Desde AMMAR aseguran que la iniciativa profundizará la clandestinidad de la prostitución)

Cabe recordar que la iniciativa sobre la Trata de personas y la Explotación Sexual tiene por objetivo clausurar en todo el territorio provincial las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, o establecimientos y/o locales de alterne y prohibir la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de los establecimientos mencionados, en toda la provincia.

El proyecto prevé la creación de un programa que se centrará en la desarticulación de las mafias y el crimen organizado que explota y esclaviza mujeres para someterlas a prostitución forzosa.

Junto con diferentes áreas del Estado y la justicia federal y provincial, este programa promoverá el respeto irrestricto de todas y cada una de las libertades individuales y/o colectivas, y resguardando la libertad sexual de todos los habitantes.

Asimismo, se propone combatir las organizaciones delictivas que esclavizan, reducen a la servidumbre y someten a mujeres, hombres, niñas y niños para destinarlos al comercio sexual.

De la Sota dispuso la creación de la Secretaría de Prevención de Trata de Personas, con rango de secretaría de Estado, integrante del Gabinete provincial y dependiente del gobernador.

El documento prevé la adhesión de la Provincia al Decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional de prohibición de anuncios que promueven la oferta sexual con el objetivo de eliminar uno de los elementos que dan popularidad y promueven el conocimiento sobre la oferta sexual.

A la vez, se crea la división de Lucha Contra la Trata, dependiente de la Policía de Córdoba con el objeto de conformar un equipo de trabajo con efectivos policiales y psicólogos; luchar contra la trata y la explotación sexual desde todas las dependencias del territorio provincial y contribuir a la lucha y persecución de la mafia de la prostitución y se constituye un Registro Único de Personas Buscadas, con el objeto de formar un sistema informático encargado de registrar denuncias sobre personas desaparecidas y realizar tareas en conjunto con la Policía Caminera, Central 101 y áreas de investigación de la Provincia.

El proyecto propone la modificación del artículo 17 de la Ley Nacional Nº 12.331 de Profilaxis e incorporar el artículo 145 quater al Código Penal, con el objetivo de elevar la pena a quienes infrinjan en la explotación sexual de las personas, además de multas y/o pérdida de la carta de ciudadanía para aquellos habitantes naturalizados; castigar a quienes administren, regenteen y exploten locales e inmuebles para el ejercicio de la prostitución con condenas de 4 a 10 años de prisión, según el tipo de circunstancia; alinear pensamientos y accionar con ONG’s e instituciones civiles que luchan contra este flagelo y lograr consenso a nivel nacional mediante la sanción y modificación de leyes en el Senado y la Cámara de Diputados.

Por último, se habilita la línea telefónica 0810-888-3368, exclusiva para la recepción de denuncias en el horario de 8 a 20 horas. Las denuncias serán anónimas y las llamadas no pueden ser identificadas. Quienes llamen recibirán un número de trámite para verificar luego la evolución de los casos.