Desde AMMAR aseguran que la iniciativa profundizará la clandestinidad de la prostitución
Representantes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Argentinas (AMMAR) aseguraron hoy en la Legislatura provincial que el proyecto de ley que impulsó el gobernador José Manuel De la Sota para combatir la trata de personas profundizará la clandestinidad de la prostitución.
Durante su exposición, Eugenia Aravena, Secretaria General de AMMAR aclaró que están en contra de la trata de personas y de la existencia de proxenetas, pero afirmó que la iniciativa tal como está redactada coarta sus libertades y derechos personales al confundir su actividad con un delito.
Puntualmente, mostraron su preocupación frente a los artículos primero y segundo de la iniciativa que plantean la prohibición y clausura en todo el territorio de la Provincia de los denominados “whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, o establecimientos y/o locales de alterne”.
Aravena expresó que se debería sancionar, clausurar y prohibir aquellos lugares “donde se haya comprobado que operan redes de tratantes o traficantes de personas, es decir, que debe haber un daño cierto y no solo potencial”, puesto que explicó que si no se comprueba la comisión de un delito sino que se trata de locales establecidos por las propias trabajadoras sexuales “mal podría prohibirse su establecimiento, pues resultaría en un injustificado e inconstitucional cercenamiento de derechos”, agregó.
De esta manera, exigieron que el proyecto de ley deje a salvo el derecho de aquellas trabajadoras sexuales que por propia voluntad en forma individual o bien unidas en sociedad o cooperativa deciden ejercer sus labores en forma autónoma para su propio beneficio.
Asimismo, exigieron la derogación de los artículos del Código de Faltas de la provincia con figuras contravencionales abiertas, como falta de moralidad, escándalo en la vía pública, entre otras, que otorgan facultades a la policía para realizar detenciones sin intervención judicial previa.
En otro orden, las trabajadoras sexuales brindaron su respaldo a la lucha contra la trata de personas pero aclararon que es necesario que este concepto se distinga de trabajo sexual.
“Si lo que se busca es combatir el delito de trata de personas, no se necesita una ley que sancione nuestro trabajo, lo que se necesita es un trabajo conjunto de todos los actores sociales, los legisladores, deben dictar una ley que tenga objetivos alcanzables, pero a la vez de perseguir a quienes delinquen, garantice los derechos de aquellos que trabajamos ilícitamente”, sostuvo Eugenia Aravena.
La exposición de las representantes de AMMAR se realizó durante la reunión conjunta de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; Educación y Cultura; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; Salud; Solidaridad y Derechos Humanos; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y Economía, donde se analizaron los proyectos que apuntan a la lucha contra la Trata de Personas y el narcotráfico que impulsó el mandatario provincial.
Luego de la postura de AMMAR, expuso su postura Alicia Peressutti de la ONG Vínculos en Red que lucha contra la trata de personas.
Peressutti adhirió al proyecto de ley del Ejecutivo porque, según manifestó, “lo pedimos durante muchísimos años, como ONG lo vinimos pidiendo en cada lugar donde nos paramos para hablar sobre trata de personas”.
En contraposición con lo sostenido por AMMAR, Peressutti opinó que el espíritu de la iniciativa no tiene la intención de criminalizar la prostitución “sino que es penar al proxenetismo”.
“Estamos de acuerdo con el proyecto en todos los puntos”, enfatizó la profesional, al tiempo que solicitó que no se invite a los municipios a adherir a la normativa sino que se les exija que adhieran.
Cabe recordar que esta mañana estuvieron presentes en la Unicameral explicando los alcances de los proyectos contra la trata de personas y el narcotráfico los ministros de Justicia y Seguridad, Graciela Chayep y Alejo Paredes, respectivamente, y la secretaria de Prevención de Trata de Personas, María Amelia Chiófalo.