Procurador fiscal pide que continúe la investigación a Durán Barba por campaña sucia
El procurador fiscal Luis González Warcalde pidió a la Corte Suprema de la Nación que defina a favor de que la juez federal María Servini de Cubría continúe investigando al publicista Jaime Durán Barba por una supuesta “campaña sucia” contra el senador nacional Daniel Filmus durante las últimas elecciones porteñas.
Fuentes vinculadas a la causa confirmaron hoy que González Warcalde requirió a la Corte Suprema de la Nación que defina a favor de Servini de Cubría una “cuestión de competencia” entre la magistrada y el juez en lo penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Bentolila.
El dictamen ante la Corte se conoció días antes de las indagatorias de Durán Barba y otros dos publicistas, José Garat y Rodrigo Lugones, previstas para la próxima semana.
La “cuestión de competencia” se generó meses atrás cuando Bentolila le reclamó a Servini de Cubría que se inhibiera y le remitiera el sumario penal para acumularlo a una causa que, con similar objeto, instruye el juez.
Servini de Cubría rechazó el pedido y pidió a Bentolila que se desprendiera de “su” causa y le enviara las actuaciones derivadas de la denuncia formulada por el titular del Partido Justicialista porteño, Juan Manuel Olmos, por supuesta inducción al voto en las últimas elecciones para jefe del gobierno porteño.
Según se denunció, a través de llamadas telefónicas se les hacía saber a los electores porteños de una presunta vinculación entre el padre de Filmus y el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.
La denuncia mencionó la posible violación del artículo 140 del Código Nacional Electoral, que prevé hasta dos años de prisión para quienes inducen con engaño a sufragar de determinada manera.
En la encuesta telefónica se preguntaba al destinatario de la llamada si “¿sabía usted que el padre de Filmus es arquitecto y trabajaba en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado?", y "Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?".
González Warcalde expuso que “cuando en el proceso se ventila la posible comisión de un delito electoral, es la naturaleza federal o local de la elección de que se trate, la que gobierna la decisión acerca de cuál es la justicia competente".
Para el Procurador sólo deben intervenir los tribunales de la Ciudad “si la elección involucrada o las instituciones afectadas tienen carácter local" y no se excede ese ámbito.
González Warcalde señaló que los hechos denunciados “fueron susceptibles de afectar dos elecciones distintas: la local, en la que Filmus era candidato, y la nacional en la que intervenía la alianza electoral que él representaba".
El argumento del Procurador coincidió con el que adoptó Servini de Cubría al rechazar el planteo de inhibitoria de Bentolila.
En esa ocasión, la jueza acotó que en 2011 hubo varios comicios y que no debía descartarse que las encuestas telefónicas de julio de ese año que habrían perjudicado a Filmus pudieran haber tenido efectos en las elecciones nacionales que se desarrollaron días después del 31 de agosto, fecha del balotaje en la Ciudad.