Reanuda el juicio por crímenes de lesa humanidad en Catamarca
Luego de 10 días de "receso" solicitado por la Cámara Oral Federal en lo Criminal con asiento en Catamarca, se reanudó hoy una nueva jornada del proceso que se sigue por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia.
Fuentes judiciales especularon con que el próximo jueves se cerraría la etapa de incorporación de pruebas y testigos y se daría lugar a la introducción de los alegatos.
En la causa, están acusados el ex jefe del Regimiento de Infantería, Carlos Alberto Lucena, y el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rauzzino, imputados por los secuestros y desapariciones físicas de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genero Burgos, Griselda Ponce y Nelly Yolanda Borda.
El martes 24 de abril, luego de casi 10 años de instrucción de la causa por la desaparición de cinco personas, se inició el debate oral y público, por delitos de lesa humanidad cometidos en Catamarca.
Dos días después se escuchó la declaración de Carlos Alberto Lucena, "incorporada por lectura", y el "relato en vivo" de Juan Daniel Rauzzino.
Desde entonces, le siguieron una serie de jornadas colmadas de emotividad a causa del agónico relato de familiares de víctimas y de otras personas que desfilaron en la sala.
Uno de los más significativos fue el del policía retirado, Segundo Ortiz, también sometido a torturas en ese período y por quien posteriormente la querella y la fiscalía solicitaron una inspección ocular en el interior de la Brigada de Investigaciones.
Se trata del último lugar en el que habría estado Griselda del Huerto Ponce antes de ser trasladada a la Brigada de Investigaciones de Tucumán.
En la última jornada, siete testigos, la mayoría de ellos militares retirados, dieron su versión sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en la capital provincial y el departamento Belén entre abril de 1976 y enero de 1977.
Uno de los últimos testimonios fue el de Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, quien se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario de Miraflores, acusado de la muerte de 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, durante la causa conocida como Masacre de Capilla del Rosario.
Ese testimonio puso en duda la declaración vertida por el ex Jefe de Policía Juan Daniel Rauzzino, después de que el militar revelara que el trato entre la policía y el Ejército en aquella época, "había sido cordial".
En la segunda jornada, durante la indagatoria, el imputado lloró y juró ante el tribunal por sus hijos y nietos, negando su participación en el secuestro y tortura de personas y alegó que "no existía relación entre ambas fuerzas por una orden del General Carlos Alberto Lucena".
De la misma forma, el relato de un médico de la fuerza militar, de apellido Contreras, fue significativo para desglosar cuál fue el rol del Ejército, en la desaparición de Nelly Yolanda Borda.
Indicó que fue comisionado junto a otros militares para desembarcar en la ciudad de Belén, con las intenciones de "poner a salvo" a la joven estudiante, que tiempo antes había desertado de los montoneros, desde donde se intentaba secuestrarla.
Posteriormente, se enteró que en aquella ciudad, se produjo el secuestro de Borda, a través de los comentarios de sus compañeros de cuartel, que le comentaban que había existido un secuestro, y que ellos llegaron tarde.
En tanto, el presidente del Tribunal, Juan Carlos Reynaga, ante una consulta de Télam, dijo que "hacer una evaluación de todo el proceso para conocer la verdad real de los hechos, todo, llevó a cabo ajustado a derecho y como lo establece la ley".