Procesan a productor papero por explotación laboral
La jueza subrogante del Juzgado Federal Nº 1, Liliana Navarro, dispuso el procesamiento de un productor papero por el presunto delito de explotación de una treintena de personas.
Según la información judicial, la medida recayó en Miguel Ángel Flores, propietario del establecimiento Los Gallegos, ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 17, en la zona rural de Villa del Totoral, 80 kilómetros al norte de la capital provincial.
En su dictamen, la jueza describe el sometimiento de 29 personas, en su mayoría oriundos de Tucumán, que vivían hacinados y sin energía eléctrica, agua potable ni baños, en casillas de madera con una sola ventana, todas clausuradas sin permitir el ingreso de la luz del sol.
El caso fue denunciado por representantes de la AFIP (Regional Córdoba), del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Dirección Nacional de Migraciones el 18 de agosto de 2011, después de constatar la situación existente en el campo de 700 hectáreas, 300 de ellas destinadas al cultivo de papa, batata y mandioca.
El fiscal federal, Enrique Senestrari, promovió acción penal contra Flores, quien habría realizado algunos cambios para aliviar su situación como deshacerse de la mayoría de los peones y, cuatro meses después del procedimiento, enviar a otros a presentarse en forma espontánea para declarar en su favor.
Al respecto, la jueza indicó que "el extremo grado de desconfianza hacia las autoridades dan muestra del miedo o de ansiedad y de actuar como si hubieran recibido instrucciones de otra persona, la que se presenta con indicadores clásicos que presenta la trata de personas".
Navarro destacó en su pronunciamiento que en una casilla había 10 colchones donde dormían personas de ambos sexos y de distintas familias, y que en su parte externa las casillas estaban rodeadas de restos de comida y de basura esparcidos por el piso.
Consideró que el imputado, "en la clandestinidad, sin habilitación, ni reglamentación alguna y de la forma más primitiva, habría sometido a largas jornadas de explotación laboral a estas personas".
Añadió que las "habría utilizado como mano de obra esclava con el objeto de abaratar los costos del cultivo y siembra de papa, batata y mandioca, abusando de las condiciones de vulnerabilidad que estos padecían".
Sobre las víctimas, destacó que "sus dificultades para ejercer sus derechos, su condición económica, alejamiento familiar, desarraigo, desconocimiento del contexto legal, social y económico componen una alta condición de vulnerabilidad que los coloca en una situación en la cual no tienen más opción que someterse al abuso".