Ordenan suspender la fusión de grados donde concurren chicos con discapacidad
La jueza porteña Elena Liberatori ordenó suspender las disposiciones del gobierno de Mauricio Macri para la fusión de los grados donde concurren dos chicos con discapacidad, al aceptar el pedido de acción de amparo presentado por sus padres.
Acompañados por la Defensora Adjunta del Pueblo Graciela Muñiz, madres y padres de la escuela N° 12 Prof. Rodolfo Senet, y de la escuela N° 10 Manuel Lainez presentaron dos acciones de amparo de casos individuales “para asegurar la continuidad educativa en las mismas condiciones en las que se venían desarrollando con anterioridad de las disposiciones”.
La resolución de los fallos de Liberatori, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 4, hacen lugar “a la medida cautelar solicitada” y le ordena “al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspenda los efectos de las disposiciones", que resolvieron el cierre de 121 cursos en un principio y 96 desde el 1 de mayo, en las escuelas mencionadas donde concurren los niños.
La jueza resolvió que los dos niños "continúen su proceso educativo de igual manera que lo venían realizando hasta el dictado de la disposiciones en crisis”.
Acompañados por Muñiz, los padres de una alumna de la escuela Senet, presentaron una acción de amparo para solicitar que se decrete la nulidad de las fusiones con su correspondiente medida cautelar de no innovar.
En este caso particular, la acción de amparo detalla que "el cambio introducido al fusionar un curso con otro interrumpe en forma abrupta el proceso evolutivo de aprendizaje que venía desarrollando dado que el menor número de alumnos así lo posibilita.
El amparo agrega que "el grado fusionado está actualmente a cargo de una docente de educación básica, la cual no cuenta con la formación para educandos con las características de su hija".
En tanto, en la presentación del niño que concurre a la escuela Manuel Lainez, se argumentó que “de efectivizarse la fusión se expone al menor a un inminente riesgo en cuanto a la evolución de su aprendizaje e integración social precisamente el proceso en el cual actualmente se encuentra asistido”.
La jueza Liberatori expuso hoy que en ambos casos “no se tuvieron en cuenta las problemáticas particulares de los menores y padres involucrados".
Para la jueza esta falta de atención del gobierno se ve corroborado porque "una alumna con dificultades de aprendizaje debidamente acreditadas podría verse perjudicada si se le impide a través de la fusión de cursos continuar regularmente con sus estudios sin haberse considerado su situación previamente al cambio de la situación de hecho sobre la cual sus padres resolvieron acerca de su proceso educativo".
"El peligro es evidente y notorio pues es alumno regular, se encuentra en curso de ciclo lectivo 2012 y pese a su condición y a las gestiones realizadas no recibe aún la asistencia que estiman que se necesita en función de la discapacidad que padece”, argumentó Liberatori.
Para la funcionaria, “la persistencia de tal situación pone sin duda en riesgo la regularidad del proceso educativo del menor, eventualidad que a todas luces es menester conjurar, pues el sólo retraso o eventual interrupción de los beneficios provenientes de la situación de hecho modificada por la autoridad administrativa de modo inconsulto e intempestivo puede provocar daños que bien podrían convertirse en irreparables".
Los dos recursos de amparo presentados de carácter individual son los primeros en ser aceptados por la justicia porteña luego de que el juez Hugo Zuleta rechazó la medida de no innovar interpuesta por 130 padres en representación de sus hijos menores de edad.
“Estos dos papás están apelando la decisión de un juez (Hugo Zuleta) que desconoce totalmente el perjuicio que le traería a sus hijos apartarlos del curso al que se encuentran integrados con compañeros y docentes", dijo Muñiz.
La defensora consideró "inaceptable la fusión de cursos donde haya un chico con discapacidad” y opinó que "el fallo de la jueza Liberatori deja a la vista que deben atenderse los casos particulares sin olvidar que los chicos no son números sino sujetos plenos de derecho”.