Auditarán las empresas de transporte de la ciudad

Con el consentimiento de la Unión Cívica Radical, el Concejo Deliberante aprobó hoy una iniciativa de los bloques opositores para pedir al Departamento Ejecutivo Municipal informes sobre el estado y beneficios otorgados a las empresas de transporte urbano de la ciudad, y una orden para que el Tribunal de Cuentas audite a las tres firmas.

A cambio, la oposición inició con críticas moderadas, que luego fueron subiendo de tono, y concedió que la información del municipio pueda llegar hasta en 15 días en lugar de 7 como habían requerido inicialmente.

En el recinto el presidente de bloque del Frente Cívico y Social, Esteban Dómina, consideró una “muy mala noticia” que el transporte de la ciudad se mantenga hasta fin de año con las mismas empresas  y señaló que “extender esta situación precaria deja a los vecinos de Córdoba en una situación de indefensión”.

“Quedamos en las manos de las mismas protagonistas privadas que perjudicaron a los contribuyentes” alertó el concejal juecista, y recalcó que “no es un caso aparte la Tamse. Soy muy crítico con la Fetap porque siempre privilegio sus propios intereses a los de la gente”.

Por su parte, la representante de Unión por Córdoba, Alejandra Vigo, si bien reconoció la actitud del oficialismo de acompañar recalcó que “en esto nos une no el amor sino el espanto”.

“El conflicto del transporte en Córdoba es un conflicto social, eso tiene que entender el Ejecutivo” y pidió preservar la paz social lo que “se hace tomando las medidas necesarias y poniendo en caja a quien haya que poner en caja”.

Por su parte la presidente del bloque Eva Duarte, Olga Riutort, aseguró que el aporte de la Municipalidad para llegar al aumento a los choferes acordado en paritarias nacionales “se va a transformar en un subsidio encubierto”, y pidió que “si es así el municipio lo transparente porque cuando sancionaron el aumento del boleto dijeron que no les iban a dar nunca más platas a las empresas privadas”.

Además reclamó nuevamente el pronto ingreso del marco regulatorio del transporte y recordó que “estas empresas son las mismas que le hicieron cada una un juicio a la Municipalidad por 70 millones, y nosotros le vamos a seguir dando plata”.

“Espero que en este pedido de informe se esclarezca cuál va a ser el destino real de la plata de los vecinos de Córdoba” concluyó Riutort.

Por su parte, el único edil radical que defendió al Ejecutivo fue Javier Bee Sellares, quien rebatió las acusaciones de Dómina sobre la Tamse y las de Riutort referidas a los subsidios.

En este sentido relató que Tamse sí tuvo un papel importante en el conflicto “pero porque su presidente tuvo una participación activa e inmediata” y aseveró que Alberto Giménez “instó a los empresarios a que pusieran en plata lo que tienen que poner”.

Además sostuvo que “no va a haber subsidio al transporte sin que pase por el Concejo Deliberante, y tome conocimiento desde el primero al último de los vecinos de Córdoba, porque no queremos que se repitan las viejas historias”.

Finalmente declaró que este gobierno municipal “empieza a querer darle transparencia al transporte público de Córdoba” y, aunque no quiso dar plazos específicos aseguró que “en los próximos días” se estará debatiendo un nuevo marco regulatorio que redefina integralmente el servicio para la ciudad, recalcando que es un tema que “hace diez años no se discute”.