Rechazan un pedido del hábeas corpus de Piccardo contra Tomada
El juez de instrucción Fernando Klappenbach rechazó hoy un pedido del hábeas corpus del titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, contra el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tras constatar que "no existe ninguna restricción a su libertad ambulatoria" como la denunciada.
Piccardo había denunciado ayer, mediante un pedido de habeas corpus preventivo, la posibilidad de que fuera conducido por la fuerza pública a una audiencia de conciliación salarial con empleados de la empresa luego de no hacerlo en seis oportunidades.
El pasado 9 de mayo, Tomada había amenazado verbalmente al funcionario porteño de requerir su presencia por la fuerza pública en las negociaciones salariales, que están trabadas por la ausencia del representante de la empresa.
Los gremios del subte anunciaron a partir de mañana una huelga por 36 horas por esta razón que afectará a un millón y medio de usuarios utilizan a diario ese medio de transporte.
Fuentes judiclales dijeron que "en el Ministerio de Trabajo informó que no tiene ninguna previsión de pedir el auxilio de la fuerza pública para que Piccardo concurra a las audiencias".
En razón de ello, ya se le comunicó que su pedido "no tendrá favorable acogida por no coincidir con la situación de hecho relatada por el presentante".
En tanto, la empresa Metrovías, concesionaria del servicio de subterráneos y el Premetro, señaló su "profunda preocupación" ante la decisión de los trabajadores de la actividad de paralizar las tareas 36 horas.
"Metrovías, como siempre, participó en todas las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación paritaria y señaló a todos los actores la compleja situación económico-financiera por la que atraviesa", afirmó.
La firma agregó que en enero último -a partir del proceso de transferencia iniciado con la firma de un acta-acuerdo entre la Nación y la Ciudad, "el sostenimiento de los costos de los servicios sufrió una modificación importante", aseveró.
"La Nación, que hasta entonces se había hecho cargo del 100 por ciento de los subsidios, se comprometió a mantener durante un año la mitad de ese ingreso y, la Ciudad, dispuso el incremento tarifario de 1,10 a 2,50 pesos para cubrir la otra mitad", dijo.
El comunicado subrayó que no obstante ese acuerdo, "el objetivo de no afectar el equilibrio económico nunca se alcanzó", y subrayó que "la suspensión de la participación en el proceso de negociación determinado por el acta-acuerdo por parte de la Ciudad produjo un doble efecto negativo para la empresa".
"Ello ocasionó que una parte muy importante de los subsidios comprometidos por la Nación fuesen depositados en una cuenta administrativamente no accesible para la operación del servicio y, por otro lado, se redujo la cantidad de pasajeros en un 20 por ciento a partir del aumento de la tarifa, por lo que el ingreso por venta de pasajes nunca alcanzó a cubrir la otra mitad, eliminada de los subsidios necesarios", puntualizó Metrovías.
También sostuvo que "ese enorme desfasaje fue afrontado hasta ahora mediante un importante aporte de fondos propios, lo que permitió garantizar la continuidad del servicio y priorizar la seguridad de la operación y el pago de los salarios".
La empresa enfatizó que "no es posible en este contexto asumir nuevos costos del servicio sin que se produzca alguna definición sobre el origen y continuidad de los fondos necesarios".
Metrovías aseveró que realizó y continuará realizando todas las gestiones a su alcance ante los gobiernos nacional y porteño para que de manera urgente "se normalice la situación" actual.
"El compromiso continúa siendo el mismo desde el inicio de la concesión: ofrecer a los usuarios un servicio seguro y eficiente, con la infraestructura disponible y, a los trabajadores, mejoras en su calidad de vida y oportunidades de progreso", indicó.
La empresa "lamentó" la situación y convocó a "normalizarla".