Rajoy presentará mañana un plan de reestructuración financiera a exigencia de la UE
El gobierno de Mariano Rajoy presentará mañana un plan de reestructuración financiera a exigencia de la Unión Europea (UE), tras tomar el control de Bankia, el banco con más cantidad de activos tóxicos de España, en una polémica operación presentada como nacionalización pero en la que algunos ven una "estafa" y el paso previo a una privatización.
Los países de la zona euro, cuyos ministros de Finanzas tienen previsto reunirse el lunes, y en Banco Central Europeo (BCE), esperan que España exija a sus bancos un aumento de sus requisitos para otorgar créditos, a fin de tener un colchón de protección ante posibles pérdidas, según fuentes europeas.
Además, los socios europeos quieren que expertos independientes valoren los activos inmobiliarios tóxicos que los bancos españoles tienen en sus balances para aumentar la transparencia del sector.
El sistema financiero de España sigue siendo el principal problema de la zona euro detrás de Irlanda, Portugal y Grecia, los tres países rescatados por la UE.
La decisión de Rajoy de intervenir Bankia fue adoptada ayer ante la persistente presión de los mercados sobre la deuda de España, que sigue al límite del rescate financiero el riesgo país se mantiene por sobre los 400 puntos-, debido a la incertidumbre en torno a la solvencia de sus bancos, plagados de activos tóxicos.
En ese marco, el Ministerio de Economía español anunció ayer la entrada del Estado en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que controla el 45% de Bankia, por medio de la conversión en acciones de un crédito público de 4.465 millones de euros.
El gobierno subrayó que no se trata de una intervención sino de una toma de control y de una nacionalización, a pesar de que el 55% de Bankia sigue en manos de ahorristas.
Además, el consejo de administración del BFA y Bankia, del que se forzó la salida del ex director del FMI y ex ministro de Economía Rodrigo Rato, sigue en manos de representantes del PP, como es el caso del nuevo presidente José Ignacio Goirigolzarri.
Por otro lado, la fórmula elegida para la salvar a Bankia implica que el dinero que antes generaba intereses positivos al Estado (crédito del FROB) ahora pasará a contabilizarse como déficit, lo que pondrá en dificultades al gobierno de Rajoy y podría derivar en más ajuste, según analistas.
El líder del opositor Partido Socialista (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró hoy que apoyará la nacionalización de Bankia por responsabilidad y para proteger a los ahorres de una quiebra, pero advirtió que también exigirá que no se pierda ni un euro de dinero público en la operación y que se depuren responsabilidades.
Pero no todos opinan que lo que se está haciendo en España es una nacionalización. Carlos Martínez, presidente del grupo de estudios económicos ATTAC en España, señaló que lo que se está haciendo con Bankia ya se hizo con anterioridad, y es la toma de control de la entidad para su posterior privatización.
Si fuera una nacionalización el Estado tomaría el 51% de las acciones, en cambio, lo que se están haciendo es quedarse con el 45% para evitar la quiebra, explicó a Télam.
Esto se llama socializar las pérdidas. Se rescata con fondos públicos, se defienden los intereses de los ahorristas -que no tienen la culpa del problema-, y una vez contenido el problema privatizo el banco. Es una estafa, aseguró.
Se está recortando en Sanidad y Educación para darle ese dinero a los bancos. Es un suicidio para salvar al capitalismo, añade el economista.
En tanto, el Consejo de Ministros español aprobará mañana "medidas importantes" para el sector financiero, entre las que figura la exigencia a la banca de requisitos adicionales para cubrir el riesgo de exposición a los activos tóxicos del mercado inmobiliario hasta 40.000 millones de euros, según el borrador del decreto filtrado a la prensa española.
El Ejecutivo exigirá también un aporte extraordinario al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), lo que elevará el importe global hasta entre 18.000 y 20.000 millones de euros, para que tranquilizar a los ahorristas y contener así una eventual situación de corrida bancaria.
Las entidades que tengan problemas para afrontar los nuevos requisitos podrán recurrir a la emisión de préstamos participativos por parte del FROB a un interés del 8% y que, en caso de impago, se convertirían en acciones.
De esta forma, el Estado seguirá financiando con fondos públicos del FROB el agujero del sistema financiero español mientras los ciudadanos españoles hacen frente a duros ajustes para reducir el elevado déficit público.