Amnistía Internacional pidió a Servini de Cubría que continúe investigando los crímenes del franquismo
Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a la jueza federal Maria Servini de Cubría que continúe investigando los crímenes del franquismo entre 1936 y 1977, al denunciar que la justicia española mantiene en “desamparo judicial” a víctimas y familiares de esos delitos cometidos durante y después de la Guerra Civil.
La filial española de la entidad internacional de derechos humanos hizo el reclamo al presentar esta mañana ante el juzgado federal 1 documentos para una causa abierta por tres familiares argentinos en el año 2010, en aplicación del principio de “justicia universal”.
La documentación fue presentada por los representantes de Amnistía en España y Argentina, Esteban Beltrán y Mariela Belski, en el juzgado de Servini, que tiene previsto viajar a Madrid e entre julio y agosto y tomar testimonio a los deudos que se presenten en la embajada argentina.
En su informe, el organismo internacional de derechos humanos indicó que 17 de 21 causas abiertas en España a partir del 2006 fueron cerradas sin ninguna investigación, y que ese podría ser el destino de la totalidad de las casi 150 mil demandas presentadas ante tribunales españoles.
Estas causas se refieren al paradero de fusilados de manera sumaria del bando republicano durante y al concluir la guerra civil, los que fueron enterrados en fosas comunes, pero también a casos de tormentos y ejecuciones aplicados en proximidad a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
"Las autoridades de España están denegando los derechos a verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo", dice el relevamiento.
El documento también critica la resolución del Tribunal Superior español del 27 de febrero pasado contra el desplazado juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, “que es un Punto Final” a estas causas, dijo Beltrán.
La consecuencia de este procedimiento sería habilitar a la justicia de otros estados a aplicar el criterio de “jurisdicción universal”, vigente para crímenes de lesa humanidad.
“España investigó crímenes de lesa humanidad en El Salvador, Guatemala, Argentina y hasta en Ruanda, pero ha decidido guardar bajo siete llaves los crímenes en su propio país, lo que constituye un caso de doble standard”, denunció el representante de AI española.
La causa que lleva Servini se inició hace dos años por la denuncia de la argentina hija de españoles Ines García Holgado, que presentó su pedido de ubicación de los restos de su abuelo Elias y de otros dos tíos fusilados por ser funcionarios del gobierno republicano.
A esa denuncia se sumó luego Adriana Fernández, también argentina y nieta de un alcalde republicano de León cuyo restos ya fueron exhumados, identificados y sepultados.
Ambas familiares se manifestaron hoy "muy esperanzadas" sobre la investigación de la justicia argentina para conocer la forma en que fueron muertos y localizar los restos de todos los demandantes.
A la causa se sumaron posteriormente medio centenar de españoles con idénticos reclamos y si respuesta en los tribunales su país, en un caso análogo al que años atrás habilito Garzón para los familiares de desaparecidos en Argentina.
Entre los casos radicados en el juzgado de Servini están el del José Baena Alonso, fusilado a los 24 años el 27 de septiembre de 1975 junto a José Luis Sánchez Bravo (22) y Ramón García Sanz (27), Juan Paredes Manot, (21) Txiqui, y Ángel Otaegui (33).
Esas ejecuciones se produjeron apenas 53 dias antes de la muerte de Franco pese al reclamo de anularlas del Papa Paulo VI.
También se constituyeron como querellantes en el juzgado de Servini los ex presos políticos del franquismo Manuel Blanco Chivite; Josu Mirena Ibargutxi San Pedro; José María Galante Serrano, y Sabino Arana Bilbao.
La jueza ha preguntado por exhorto al Gobierno español la identidad y direcciones de los ministros e integrantes del régimen de Franco que siguen con vida, asi como de los jefes de las fuerzas armadas y de seguridad.
La jueza argentina podría eventulamente dictar su captura internacional si salen de España, como le ocurrió al ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet al visitar Londres en octubre de 1998 `por pedido de Garzón.