Testigos complican la situación de represores en Catamarca

Ocho testigos, siete ex militares y un abogado, complicaron hoy la situación procesal y judicial del ex jefe de la Policía, Juan Daniel Rauzzino, y del ex jefe del Regimiento Aerotransportado 17, Carlos Alberto Lucena, quienes son juzgados por crímenes de Lesa Humanidad en Catamarca.

También, Alberto Lucena y Juan Rauzzino, se encuentran imputados del delito "desaparición y muerte de Nelly Yolanda Borda, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce y Genaro Burgos", ocurridos entre 1976 y 1977.

Las declaraciones prestadas por los testigos hoy giraron en torno al secuestro de la estudiante de Química oriunda de Belén, Nelly Yolanda Borda, ocurrida en enero de 1976.

El testimonio más relevante fue el del ex médico militar, Jorge Contreras, quien dio cuenta a los miembros del Tribunal Oral Federal que preside el catamarqueño, Juan Carlos Reynaga, que "la hermana de Yolanda me pidió que prestara declaración".

Según expresó Contreras, la mujer se presentó en la sede de PAMI Catamarca y le consultó si tenía conocimiento de lo que había ocurrido con su hermana y si estaba en condiciones de testificar.

"En esa oportunidad, le confesé que participó de un operativo en la ciudad de Belén, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital, cuando revestía el grado de Capitán y Médico Militar en el Regimiento 17", comentó.

Contreras contó que presenció una reunión de los altos mandos del Ejército, en la que manifestaron que debían viajar a la ciudad de Belén, a buscar a una señorita que había desertado del grupo Montoneros para arrestarla y aplicarle la sanción correspondiente.

Este testigo también dio cuenta que el operativo se llevó a cabo con la intervención de alrededor de 100 militares que se trasladaron hasta Belén en unimok (camiones de guerra), mientras que él, lo hizo en ambulancia.

"Una vez en suelo belicho, se montó el Campamento de Socorro, y dejó asentado en el libro de atención médica, dos asistencias que eran insignificantes", precisó.

Contreras dijo que "al día siguiente, ya en la base del Regimiento 17 en la ciudad Capital, le comentaron que no habían hallado a Yolanda Borda, que ya la había secuestrado y que el Ejército había llegado tarde".

Ante la requisitoria del juez Gabriel Casas, el médico Contreras, dijo que "sí había sido secuestrada por los militares".

De acuerdo a los testigos, el operativo comandado por un coronel de apellido Basso, compromete seriamente a Lucena, quien en la etapa de instrucción se desincriminó de los delitos que se le imputan, argumentando que los ex efectivos de su regimiento se encontraban en Córdoba realizando prácticas de salto de paracaidismo cuando ocurrió la desaparición de la joven.

Finalmente, el médico-militar comentó que tiempo más tarde pidió la baja en el Ejército porque se enteró de "algunas cosas", además, porque tuvo una fuerte discusión con un alto funcionario militar de la provincia de Chubut.

Otro de los testigos fue el represor y ahora detenido por la masacre de Capilla de Rosario, el coronel Carlos Educardo Carrizo Salvadores, quien con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, cumplió funciones como Secretario General de la Gobernación, al mando de Carlos Carlucci.

El militar fue interrogado sobre la relación que tenía el entonces gobernador de facto, con el jefe del Regimiento 17, Carlos Alberto Lucena.

Carrizo manifestó que "era una relación cordial", por lo que desterró la versión del ex jefe de la Policía, Juan Daniel Rauzzino, quien en su declaración dijo que "era mala".

También hoy, brindó testimonio el abogado Luís Armando Gandini, quien dio asistencia legal al ex policía Segundo Ortiz, detenido en diciembre de 1976 por orden de Rauzzino por firmar con una estrella de cinco puntas, signo que identificaba al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Ortiz, declaró ayer, ante el Tribunal que vio a Griselda del Huerto Ponce, desaparecida el 16 de diciembre del 1976, en el edificio de la Brigada de Investigaciones durante su detención.

En tanto, los otros testigos, todos ex militares, dieron cuenta de sus funciones entre los años 75 y 77 y en algunos casos expresaron que participaron en centros poblacionales y aseguraron que "Ejército y Policía trabajaban conjuntamente".

Finalmente, el Tribunal Oral Federal, dispuso pasadas las 18 horas, un cuarto intermedio hasta el próximo 18 de mayo.